Un 35%de sentencias cumple el baremo de Economía sobre indemnizaciones en accidentes

Un 35% de las sentencias dictadas sobre indemnizaciones por daños corporales en accidentes de automóvil se ajustan a las líneas que establece la Orden Ministerial que regula este problema, según manifestó ayer Pedro Luna, presidente del comité técnico de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa).La Orden ministerial establecía una serie de criterios para valorar las cantidades que las compañías aseguradoras deben pagar por los daños producidos en accidentes, aunque no es de obligado cumplimiento.

De las sentencias que no se ajustan a esta valoración (el 65%), la mitad tan sólo difieren en un 10% de la cantidad que establece el baremo para el caso correspondiente. A esto hay que añadir que la mayoría de conflictos -un 75% de los casos y un 50%- del volumen económico total- no llegan a los tribunales, tras alcanzarse un acuerdo entre las partes. Luna calificó estos porcentajes de "importantes" para la definitiva implantación de este sistema, que permite a las aseguradoras realizar provisiones para los siniestros aún pendientes de solución.

El sistema bonus-malus, por el que los conductores que sufren accidentes ven aumentadas sus primas, mientras que los buenos conductores pagan menos, se generalizará "antes de 1994% según Unespa, si es posible mediante disposiciones administrativas.

Fraude millonario

La lucha contra él fraude en el sector, que según un estudio de la aseguradora Aurora Polar al canza un monto de 60.000 millones de pesetas anuales, y solucionar la cobertura adecuada de los llamados riesgos agravados (camiones, mercancías peligrosas, motos y conductores jóvenes) son las prioridades de Unespa en un ejercicio en el que prevé "pérdidas técnicas", aunque en cualquier caso serán inferiores a los registrados en otros ejercicios. Por otra parte, el director gene ral de seguros, Eduardo Aguilar, manifestó ayer en Santander que el anteproyecto de ley sobre compañías aseguradoras que prepara su departamento y cuya entrada en vigor está prevista para el mes de enero de 1993, llevará a una reagrupación de las empresas del sector. La nueva normativa establece un capital mínimo (500 ó 1.500 millones de pe setas, según el sector), para el acceso a la actividad aseguradora. El director general de seguros señaló que este anteproyecto contempla la creación de la figura del defensor del asegurado, informa Efe.