La Junta Electoral decide continuar la revisión de las listas del censo

La Junta Electoral Central decidió ayer continuar con el proceso de revisión de listas del censo que se llevará a cabo en 734 municipios de 32 provincias entre los días 22 de julio y 5 de agosto. Por su parte, el Partido Popular ha decidido solicitar al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, que explique las irregularidades que se han detectado en el censo y que podrían afectar a tres millones de electores.

La Junta Electoral Central ha decidido requerir a la Oficina del Censo Electoral para que, una vez finalizado el proceso de revisión de listas que se iniciará el próximo día 22, especifique las causas de las más de 1,5 millones de bajas censales tramitadas por este último organismo. Una vez recibida la contestación, la Junta adoptará "con la mayor urgencia posible, las medidas que resulten necesarias para asegurar la inscripción en el Censo Electoral de todas las personas que ostenten la cualidad de elector".La Oficina del Censo Electoral reconoció, en un informe enviado. a la Junta el pasado seis de julio, la existencia de dos millones de irregularidades que han sido subsanadas para la próxima revisión de listas. Fuentes de la Oficina han reconocido también el envío de más de 1,5 millones. de bajas censales. Sin embargo, la Oficina sólo tiene constancia de que un 25% de ellas llegaron a su destino. Por tanto, la suma podría elevar a casi tres millones los ciudadanos afectados por estas anomalías.

El PP ha pedido a la Diputación Permanente del Congreso, en la que están representados proporcionalmente todos los grupos políticos, que debata la comparecencia en pleno del Congreso del ministro dé Economía y Hacienda durante el periodo vacacional. La Diputación decidirá por mayoría si solicita la comparecencia. Los populares quieren que Carlos Solchaga, de cuyo ministerio depende la elaboración del censo electoral, informe sobre las medidas a adoptar para corregir los más de un millón de errores detectados por el Partido Popular.

Para Javier Arenas, vicesecretario general del PP, la situación es lo suficientemente grave como para que el ministro explique en el Congreso "las soluciones que puede aportar a la inseguridad que se ha creado en muchos españoles sobre el derecho al voto". Rodrigo Rato, portavoz popular en el Congreso, cuestionó ayer el interés del Gobierno en actualizar el censo electoral, "porque parece ridículo que un censo que puede afectar a unos tres millones de votantes se pretenda modificar durante el mes de agosto".

Las anomalías surgieron en la elaboración del censo de 1992, y según al informe de la Oficina, se debieron al retraso con que la información censal fue enviada por cientos de ayuntamientos. El resultado fueron dos millones de irregularidades que, según fuentes de la Oficina, han sido subsanadas y se eliminarán de las listas que serán expuestas el próximo 22 de julio.