Cambio de modelo

LOS SOCIALISTAS parecen dispuestos a plegar velas en relación a la reforma del actual sistema de financiación de los partidos propugnada por los conservadores y los nacionalistas. Éstos defienden desde hace años la supresión de las actuales limitaciones legales a las donaciones de particulares, e incluso el estímulo de las mismas mediante exenciones fiscales. La reforma implicaría renunciar a los criterios inspiradores de la ley de financiación de los partidos, vigente desde 1987, que vino a complementar las otras dos vías anteriormente existentes: la subvención por gastos electorales y la del funcionamiento de, los grupos parlamentarios. La financiación predominantemente pública de los partidos se defendió en su día en nombre del principio de igualdad de oportunidades: se presumía que si la fuente principal de ingresos fueran las donaciones privadas de empresas o particulares, los partidos conservadores gozarían de una ventaja injusta respecto a los de izquierda.Los enemigos de la financiación pública argumentan, por su parte, que ese sistema implica un evidente riesgo de interferencia del Estado en organizaciones que, aun teniendo fines públicos, son privadas en cuanto a que la afiliación a ellas es voluntaria. Ese argumento fue decisivo, por ejemplo, en el rechazo por parte del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania de la posibilidad de extender la financiación electoral (existente desde 1959) a la subvención de las actividades ordinarias de los partidos. Otros países, como los escandinavos o Austria, admiten, por el contrario, la financiación ordinaria, pero no la existencia de partidas específicamente destinadas a los gastos electorales. El Reino Unido es, de entre los de Europa occidental, el único país que mantiene a rajatabla la tradición liberal contraria a cualquier forma de financiación pública, mientras que Italia, Francia y España aplican tal financiación a las tres actividades básicas de los partidos: funcionamiento ordinario, electoral y parlamentario. En España, la suma de esas partidas supondrá este año un gasto presupuestario de unos 12.000 millones de pesetas.

El hecho de que haya sido precisamente en estos tres países donde se han producido los mayores es cándalos de financiación irregular parece demostrar dos cosas: que por grandes que sean los ingresos, los partidos siempre encontrarán motivos para incrementar sus gastos y que esa insaciabilidad se ve estimulada por el carácter predominantemente público de su financiación; se acostumbran a sacar agua de un pozo que se supone sin fondo. Esos escándalos han deteriorado en buena medida la moral de los defensores de un sisterna público a ultranza, y episodios como el de Filesa obligan a relativizar las nobles con sideraciones inspiradoras del sistema vigente. Ni sirve para evitar el creciente endeudamiento (de unos 20.000 millones de pesetas entre los principales partidos, según fuentes bancarias) ni garantiza la transparencia. La exculpación del PSOE por parte del Tribunal de Cuentas en relación al mismo caso Filesa ilustra además la imposibilidad de control jurisdiccional efectivo.

Pero esas deficiencias no autorizan a canonizar sin más la alternativa de la plena liberalización de las donaciones privadas con el argumento de la transparencia. Primero, porque las principales de esas donaciones vendrían de empresas, las cuales repercutirían en precios (es decir, sobre el consumidor) el coste de su altruismo. Lo que eventualmente se ahorrasen los ciudadanos en tanto que contribuyentes, lo pagarían como consumidores. Con el agravante de la imposibilidad de control por su parte del destino que el empresario particular vaya a dar a ese dinero. La moralidad de tal sistema es discutible. Por ello, tal vez sería con veniente, antes de aceptar con cinismo que más valen lobbies conocidos que anónimas facturas falsas, plantear el debate no en términos de ampliación de las vías de financiación, sino de reducción del gasto. ¿No ha bría que comprobar, antes de embarcarse en nuevas aventuras, los resultados de iniciativas actuales tendentes a abaratar las campañas y evitar despilfarros? Por lo menos, que no se abandone esa posibilidad sin haberla estudiado a fondo. Y si se abandona, que se diga por qué.