Una reforma para la supervivencia

Un informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) de diciembre de 1991 denuncia que los costes impuestos por las administraciones suponen un serio freno para las empresas y para la creación de empleo. La CEPYME asegura, por ejemplo, que para crear una empresa en España se necesitan no menos de 40 trámites administrativos y nueve meses de tiempo, mientras que en Estados Unidos los obstáculos burocráticos se salvan en una mañana. Asimismo critica, la rigidez del control en el ámbito socio-laboral en España, donde existen 7.000. disposiciones en materia de Seguridad Social.

El informe de la CEPYME afirma: "El objetivo del Gobierno debe ser acometer de forma decidida la simplificación administrativa" porque "un exceso de intervención administrativa en la actividad económica ahoga a la empresa y desanima la actividad innovadora". El informe añade que "es necesario aliviar las cargas indebidas y trámites innecesarios procedentes de las administraciones públicas que soporta la empresa".La CEPYME se refiere, "muy especialmente, a la traslación gratuita de las obligaciones o trabajos que debieran ser atendidos por las administraciones y que, sin embargo, son endosados a las empresas". Entre estas obligaciones se señala: la formulación de autodeclaraciones fiscales, la retención de impuestos, trámites propios de la Seguridad Social, la sumisión a autorizaciones y licencias, la contestación de encuestas y estadísticas, la desviación al empresario de la carga de la prueba de las imputaciones en muchos expedientes, los retrasos en las contestaciones a las solicitudes de las empresas y el carácter negativo del silencio administrativo.

Estos trámites obligan a las empresas a contar con personal dedicado a despacharlos. Así, el informe señala: "¿Cómo puede contratarse en una pequeña o mediana empresa con menos de diez trabajadores a una persona para estos sólos efectos o bien pagar asesores externos para que los atiendan?". Las consecuencias de estas cargas sobre la empresa es que "ve seriamente condicionada su actividad, limitada su iniciativa y puesta en peligro su supervivencia".

Otro de los aspectos que denuncia el informe es la larga tramitación para la creación de empresas: "Para constituir una empresa en España pueden ser necesarios más de 40 trámites administrativos y un plazo de tiempo superior a nueve meses". Como contraste señala que "crearla en EE UU significa tan sólo una mañana". "El hecho de iniciar una empresa conlleva, por definición, una enorme dosis de riesgo e incertidumbre. Si, además de ello, el futuro emprendedor no encuentra más que un obstáculo detrás de otro, es muy posible que, o bien desista de su iniciativa, o bien quede incluido en lo que ha venido a denominarse la economía sumergida", denuncia la CEPYME.

Complejidad fiscal

Otra denuncia de CEPYME se centra en la legislación fiscal y contable: "En los últimos 13 años se han ido produciendo sensibles variaciones sobre los principales impuestos que gravan la actividad empresarial y, curiosamente, cada una de estas modificaciones representa una mayor complejidad en la liquidación del impuesto". Las empresas, precisa el informe, deben llevar, a efectos fiscales unos registros especiales de compras, de ventas, de inversiones... que, si bien su naturaleza podría ser razonable, en la práctica no lo es si consideramos su multiplicidad, dificultad y extensión". Ello obliga a tener un personal cuya labor es únicamente colaborar puntual, y gratuitamente, con la Administración, añade el informe.Pero, según CEPYME, le rigidez del control administrativo en España alcanza su más grave y decisivo exponente en el ámbito socio-laboral. "La normativa que rige nuestro sistema de Seguridad Social supera las 7.000 disposiciones. ¿Alguien en su sano juicio puede pedir a un empresario que conozca estas 7.000 disposiciones?", dice el informe.

La CEPYME denuncia además: "Nuestro ordenamiento de relaciones laborales prácticamente no diferencia en absoluto entre la empresa de cien empleados y una de dos trabajadores". Como botón de muestra señala: "Se necesita una autorización administativa previa para la extinción de las relaciones laborales por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor y, en virtud del artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, la Administración puede no sólo autorizar o denegar la solicitud sino dictar una resolución distinta por completo a lo pedido por la empresa".

El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Justo Zambrana, admite que "la CEPYME tiene razón en una parte de sus críticas al funcionamiento de la Administración" pues "el Estado español, como los europeos, está poco desregulado". Zambrana recuerda que el Plan de Modernización de las Administraciones Públicas, hecho público en abril, pretende, con sus 204 medidas, avanzar en el acercamiento de la Administración al ciudadano o a la empresa, como es el caso.

En un terreno concreto, Zambrana responde a las denuncias de la CEPYME que uno de los planes que entra en vigor a finales de año pretende reducir de nueve a tres meses los trámites para la creación de empresas. Otro de los planes, también previsto para fines de año, plantea la integración en un solo cuerpo legal de más de 50 normas con rango de ley con incidencia en materia de Seguridad Social.

El Plan de Modernización, responde Zambrana, también se plantea, durante el próximo curso, reducir en un 90% los 120 millones de movimientos de cotización que generan las empresas, eliminar 3,5 millones de comunicaciones internas y un millón de informes. Otra de las medidas, prevista para fin de año, consiste, en reducir de 45 a 20 días la tramitación de los créditos a la exportación.