El alcalde halló sus mayores escollos en problemas que dependen también de otros

José María Álvarez del Manzano cumple hoy un año como alcalde de tres consorcios. El 5 de julio de 1991 llegaba a su sillón de la Casa de la Villa, donde se sienta él solo. Pero llegaba también a las comisiones que promueven los actos de la capitalidad cultural, regulan el transporte de la capital y la región o deciden los realojamientos de la población marginada. Ahí no se sienta solo, sino que comparte responsabilidades con las autoridades autónomas o estatales. Y es en esos consorcios donde le han aparecido los principales problemas: la clandestinidad de Madrid 92, las huelgas de la EMT y el conflicto de los vecinos de Villaverde Bajo contra los gitanos.En una entrevista en EL PAÍS el pasado marzo, el alcalde resumió el problema que se le plantea: "Los ciudadanos golpean con fuerza en una puerta donde no se les puede responder".

El nuevo alcalde comenzó su mandato con la decisión de mantener intacta la organización del Gobierno municipal anterior (CDS-PP), que encabezaba el centrista Agustín Rodríguez Sahagun. Nunca quedó muy claro hasta qué punto se asumía aquella gestión. Y aquellos gastos.

Matanzo

Una consecuencia clara de aquella decisión llegó pronto: el concejal presidente de Centro, Ángel Matanzo, quiso imponer en septiembre la prueba del sida a las prostitutas de la capital. Los impulsos del polémico concejal -latiguillo que le acompaña como a Tierno el de viejo profesor- fueron atenuados. Pero aún vendrían otros muchos.

El nuevo curso político tuvo un conflicto estelar. La droga aparecía detrás de todo. De entrada, el PP se negó a crear más centros de rehabilitación (los CAD), cuyo emplazamiento concreto siempre resultó impopular en el barrio respectivo.

A continuación, los vecinos de Villaverde Bajo, encabezados por su líder Nicanor Briceño, se rebelaron contra la decisión de realojar cerca de su barrio a 80 familias de Los Focos. Eran gitanas y las vinculaban con la droga. La decisión había sido tomada por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, en el que están representados el Ayuntamiento y el Gobiemo regional. Y la decisión de quienes representan la soberanía de todos los ciudadanos madrileños se vino abajo por la presión de una pequeña parte de ellos. Una mínima porción que, no obstante, planteaba preguntas duras: "¿Por qué no realojan a los gitanos en la Moraleja?".

Antes de la capitulación final, suscrita por el Gobierno del socialista Joaquín Leguina y por el propio alcalde, el tira y afloja dejó entrever muchas actitudes dubitativas. Álvarez del Manzano, por ejemplo, llegó a proponer que no se realojara a quienes tuvieran antecedentes (¿de qué tipo: policiales, penales?, ¿y tampoco a sus hijos y sus esposas?). El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, amonestó públicamente al alcalde por su actitud.

Tan estelar fue el problema de la droga que el mayor golpe de efecto de Álvarez del Manzano fue su bando contra el consumo público. Un texto que se anticipaba a lo que contenía el proyecto de ley Corcuera, y que tenía dudosa efectividad. Pero el aparato de propaganda y de policía que lo acompañaba logró, al fin y al cabo, uno de sus objetivos: limpiar el centro -y algunas zonas en concreto- de drogadictos. Más tarde irían volviendo.

La etapa CDS-PP -asumida ya en sus obras, aunque todavía no en su precio- apareció de nuevo como justificación de una decisión nada halagüeña. El alcalde -que tanto criticó los préstamos firmados por Tierno ("levantas una carpeta y salen deudas", decía entonces Alianza Popular)- suscribió en octubre de 1991 el mayor empréstito de la historia del Ayuntamiento de Madrid. Poco después aprobaba una subida del 18% en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), pese a que había prometido congelación fiscal. Más tarde acabó bajando al 12,5%, también por encima de la inflación de un año.

Los ancianos

Pero quizá el mayor conflicto humano vino dado por la huelga de cuidadoras de ancianos. Al tratarse de una concesión a sociedades privadas, el alcalde se mantuvo en que se trataba de un problema entre ambas partes: empresas y sindicatos. Y entre todos dejaron solos durante un mes a 3.500 viejos e impedidos. Dos de ellos, hermanos, murieron por inanición y desnutrición, pese a que teóricamente tenían servicios mínimos. El caso aún está en los tribunales.

La huelga de la EMT también fue larga (65 días). Y coincidió con el conflicto del metro. Los ferroviarios obtuvieron una buena tajada salarial, por encima de las recomendaciones del Gobierno. En la EMT, la inflexibilidad del alcalde se concretó en los despidos de los principales sindicalistas. Los directivos del Consorcio de Transportes pasaron largas jornadas deliberando.

Pocas noticias se pueden hallar a lo largo de este mandato sobre los actos de Madrid 92. Las actividades culturales, aun existiendo, no han alcanzado resonancia. No se podrá acusar a Álvarez del Manzano de haberse arrogado el protagonismo. Pero tal vez eso implica que ha declinado también el liderazgo.