Europa en Lisboa

LA CUMBRE europea de Lisboa arranca hoy con un notable lastre: el referéndum negativo de Dinamarca a la hora de ratificar el Tratado de Unión Europea que había sido aprobado en Maastricht en el Consejo de diciembre pasado. Si no se hubiera producido el resultado sólidamente positivo de la consulta irlandesa celebrada a continuación, el ambiente en Lisboa sería de insuperable pesimismo.Ello no impide que en la cumbre deban analizarse con seriedad y detalle los pasos a dar a partir de ahora, es decir, durante la Presidencia que el Reino Unido estrena el 1 de julio y a lo largo de la que debe completarse el proceso de ratificación de Maastricht; prorrogarse el mandato de Jacques Delors, presidente de la Comisión de Bruselas, hasta 1995, y probablemente darse los pasos preparativos para negociar la ampliación de la CE con, los peticionarios de mayor peso (los cuatro países de la EFTA: Austria, Suiza, Suecia y Finlandia). Pero, sobre todo, debe encontrarse una solución a los problemas constitucionales que la negativa danesa plantea al futuro de la unión política, económica y monetaria de Europa: ¿seguir a 1 l?, ¿renegociar con Dinamarca y proponerle un nuevo referéndum?, ¿hacer una declaración solemne que tranquilice a Dinamarca sobre sus compromisos como miembro?, ¿ofrecer a Copenhague, como quieren los británicos, en vez del palo, la zanahoria de una ampliación extensible a los colegas escandinavos?

Ampliación quiere decir también reforma institucional (la CE, en su actual estructura, está mal preparada para acoger a cuatro nuevos miembros, por ricos que sean), que añadiría nuevas dificultades al proceso de ratificación de Maastricht. Además, también planiea un problema esencial para España. El Gobierno, con la prioridad manifiesta de la cohesión, se inclina por que se reduzcan las diferencias económicas entre los actuales socios antes de añadir otros nuevos que agraven sus problemas y los de los más pobres.

Más manejable será el problema de la subsidiariedad (toma de decisiones al nivel más próximo al ciudadano), porque la regla, interpretada con liberalidad, permite limitar una acción centralizadora de Bruselas que el Reino Unido y Dinamarca contem plan con recelo. La cumbre, sobre todo tras la reciente asunción de la descentralización por Delors, no debería tener problemas para paliar la puesta en cuestión de la burocracia comunitaria a que está dando lugar el debate posreferénduni, reduciendo al tiempo el riesgo centralista, pero sin poner trabas al proceso de unión. John Major ha trasladado a Delors su vi sión del concepto de subsidiariedad, según el cual la CE legislaría y regularía al mínimo nivel, acentuando así la descentralización de las decisiones comunitarias. La insistencia británica en la cooperación intergubemamental no debiera lentificar el avance hacia una Comunidad más integrada y más cohesionada. Será muy difícil concretar en cifras el compromiso alcanzado en Maastricht sobre los recursos comunitarios y la magnitud de los fondos de cohesión. La disidencia existente en algunos miembros sobre la ratificación de los acuerdos podría agudizarse (especialmente en los que son contribuyentes netos a los presupuestos) si se ponen sobre la mesa los esfuerzos presupuestarios inicialmente contemplados en el denominado paquete Delors II. Por desgracia, ese esquema de financiación -basado en un incremento significativo del- presupuesto comunitario entre 1993 y 1997- ha quedado ya invalidado por las nuevas y más componedoras propuestas de Delors. En su nuevo plantean-fiento, el techo de gastos quedaría situado en el 1,2% del producto -nacional bruto (PNB) hasta 1994 (en lugar del 1,37%), al tiempo que se dilataría el horizonte de aplicación hasta 1999 para diluir la magnitud del incremento y se suspenderían durante dos años las modificaciones en el sistema de contribución por países, tendente a que paguen más los más ricos.España, en esta cuestión, aboga con razón por el incremento de los fondos estructurales, pues las ayudas que reportarían contribuirían en buena medida a la consecución del plan de convergencia y al reequilibrio territorial de la Comunidad. Debe insistir rotundamente en ello, porque se corre el riesgo de que las reticencias políticas de unos y los intereses económicos a corto plazo de otros acaben convirtiendo el Tratadode la Unión Europea en un suspiro.