El Gobierno suprimirá el derecho de asilo y endurecerá los trámites para el refugio

El Gobierno prepara un proyecto de ley encaminado a suprimir el derecho de asilo y a endurecer los trámites para conceder el estatuto de refugiado. El Ministerio del Interior asegura que esto no se traducirá en la práctica en una menor protección jurídica para los perseguidos. El subsecretario de Interior, Santiago Varela, dijo ayer que en breve se enviará a las Cortes un proyecto que supondrá la desaparición del derecho de asilo, una figura jurídica "típicamente española" contemplada en la Ley de Asilo y Refugio de 1984.

En España quedará sólo la condición de refugiado, según lo establecido en la Convención de Ginebra de 1951 para los ciudadanos que sufren persecución política o religiosaUn experto de Interior afirma que esta reforma no supondrá ninguna merma en la protección a los refugiados: "España se compromete a más de lo establecido en la Convención de Ginebra, ya que también concede al refugiado el derecho de residencia y de trabajo, mientras que la Convención de Ginebra únicamente ordena que no se devuelva a su país de origen al perseguido. Nosotros hemos decidido un¡ficar en una sóla figura lo contemplado hasta ahora en dos".

El año pasado hubo 8.000 solicitudes de asilo (de las que sólo se concendió el 2%) y este ano se prevé que haya 12.000. La legislación actual hace que se acojan a este derecho miles de extranjeros que en realidad huyen del hambre, dando lugar a la apertura de un expediente que tarda meses en resolverse.

Varela presidió ayer la primera reunión de la comisión interministerial de extranjería, que acordó el procedimiento para la renovación de los permisos de residencia para los más de 100.000 inmigrantes regularizados. La comisión decidió que se otorgue permiso por otros cinco años más a aquellos que lleven dos años en España, tengan trabajo estable y pertenezcan a países iberoamericanos. En este caso se hallan el 15% de los regularizados.

Varela anunció ayer que Interior pretende evitar "por todos los medios a su alcance" la entrada ilegal de inmigrantes por el Estrecho. Este procedimiento, a través de las pateras marroquíes, está siendo usado cada vez más por argelinos, senegaleses y gambianos, a los que Marruecos se niega a repatriar, pese a que así lo aceptó en el tratado firmado con España el pasado 13 de febrero. "La aplicación del acuerdo por parte de Marruecos no es absolutamente satisfactoria", se quejó el subsecretario, que añadió que esto hace que "decenas" de africanos queden retenidos en España durante 40 días, al cabo de los cuales son puestos en libertad.