Los juristas del Banco de España creen que las peticiones del Parlamento tienen un límite

El Servicio Jurídico del Banco de España ha enviado un informe al Congreso en el que justifica la no remisión de la documentación solicitada por el Parlamento sobre el caso Ibercorp. El gobernador del banco emisor, Mariano Rubio, se amparó en las conclusiones de este informe para oponerse a la entrega al Parlamento de los documentos de la inspección del Banco de España, solicitados por el Partido Popular.

La posición del servicio jurídico del banco contrasta con el acuerdo adoptado el pasado viernes por el Consejo General del Banco de España, que eludió tomar una decisión al respecto para evitar un enfrentamiento con el Parlamento. En este sentido, el banco emisor comunicó también que había elevado al Ministerio de Economía las peticiones del Grupo Popular para que adopte la resolución que proceda.

Los servicios jurídicos del Banco afirman que tanto la legislación como el propio reglamento del Congreso permiten el acceso de los diputados a las "materias clasificadas" pero no a los secretos oficiales. Los servicios jurídicos citan el artículo 7 del reglamento del Congreso que "determina que la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o exponer las razones fundadas en derecho que lo impida".

En el informe, el Banco de España adjunta el acta del Consejo General de esta entidad celebrado el día 12, en el que se adoptó, por unanimidad, la decisión de no remitir con carácter general este tipo de información, pero que en el caso concreto de Ibercorp, eludía pronunciarse y trasladaba la decisión al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga.

La Mesa del Congreso, con anterioridad a la comparecencia de Mariano Rubio, el pasado 10 de junio, había pedido al banco emisor que remitiera varios documentos relacionados con Ibercorp, lo que la institución bancaria no ha cumplido.

En los documentos enviados por el Banco de España al Congreso, según Efe, se subraya el carácter secreto de las informaciones relacionadas con las entidades de crédito, al que está sujeto el Banco de España y sus funcionarios, no sólo por imperativo de la legislación española, sino también de la comunitaria.

Los juristas del Banco de España recuerda al Congreso que la vulneración del secreto profesional, además de las "graves perturbaciones" que produciría en el sistema financiero, reportaría responsabilidades penales para sus infractores y civiles para el banco.

Preguntas

Por otra parte, la Mesa del Congreso de los Diputados rechazó ayer la admisión a trámite, por improcedentes, de varias preguntas al Gobierno del diputado de IU, Antonio Romero, sobre la continuidad en el cargo de Mariano Rubio. El parlamentario preguntó al Gobierno si considera "decente" mantener en su puesto al responsable del banco emisor después de estallar el escándalo financiero.

Romero preguntó al Ejecutivo si no considera que con la continuidad de Rubio queda dañada la imagen del Banco de España y declaró que, el Gobierno debe emitir un pronunciamiento político y no moral".