Federalismo fiscal

El enfrentamiento entre comunidades pobres y ricas en las negociaciones sobre el sistema de financiación oculta en realidad las tensiones que separan a los partidarios de un sistema político centralizado de aquellos otros que propugnan un desarrollo del Estado de las autonomías que aproxime el sistema político español al federalismo. La introducción del IRPF en el nuevo sistema de financiación -aunque de forma modesta- es un primer paso que empieza a inclinar la balanza hacia los partidarios de la máxima descentralización económica y política.

Es el inicio del federalismo fiscal. El reciente seminario sobre Haciendas territoriales y corresponsabilidad fiscal, organizado los pasados días 11 y 12 de junio en Santiago de Compostela bajo los auspicios de la Asociación Gallega de Estudios de Economía del Sector Público, ha reflejado con detalle la dicotomía centralismo-federalismo y, sobre todo, cómo ésta se oculta en la discusión entre comunidades ricas y pobres sobre el futuro de la financiación autonómica.El catedrático de Hacienda Pública Antoni Castells tuvo en Santiago de Compostela una intervención particularmente interesante acerca de esta cuestión. Sus palabras no tienen importancia únicamente por su interés académico: Castells pasa por ser la mano derecha del primer secretario del Partit dels Socialistes (PSC), Raimon Obiols; al mismo tiempo, es uno de los más importantes vehículos de comunicación entre los socialistas. catalanes y el Gobierno en materia de financiación autonómica, y también entre el PSC y los nacionalistas de Convergéncia i Unió.

Es decir, Castells supone el principal vínculo entre los socialistas españoles y los nacionalistas catalanes en materia de financiación autonómica.

Mensaje

Desde este prisma, sus palabras ante un puñado de expertos en la materia constituyeron un mensaje de indudable significación política sobre cuáles son los objetivos que nacionalistas y socialistas catalanes persiguen para el futuro más o menos próximo.

En su intervención en Santiago de Compostela, Castells incidió en una cuestión casi tabú al reclamar una mayor capacidad de las comunidades sobre la normativa fiscal: "La atribución de facultades normativas del poder central es un factor limitativo del actual sistema de financiación. Ese es uno de los temas que hay que revisar en el próximo sistema".

En suma, Castells propone que las comunidades no sólo recauden impuestos cedidos, sino que tengan capacidad para decidir si los suben o los bajan. Hasta ahora, las reivindicaciones autonómicas de los socialistas catalanes se referían a la participación de un gran impuesto como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el sistema de financiación y a la necesidad de una presencia autonómica en la gestión del impuesto. Hablar de normativa -aunque sin llegar a citar el IRPF- es dar un paso más.

Descentralización

Castells considera que las comunidades del artículo 151 con las máximas competencias -Andalucía, Galicia, Canarias, Cataluña y Valencia- ya han colmado el procesó de descentralización del gasto público desde el punto de vista presupuestario.

Es decir, disponen de presupuestos ajustados a las competencias que tienen que administrar. El problema no es de cantidad, sino de libertad para destinar esas partidas en función de sus propias decisiones políticas.

El actual sistema mantiene un elevado porcentaje de gastos condicionados, las llamadas subvenciones finalistas, es decir, dinero que cada comunidad recibe para gastarlo en una partida concreta acordada con la Administración.

"Descentralización presupuestaria no quiere decir necesariamente descentralización del poder político", advierte Castells. "Si no se desbloquea este problema, si las comunidades autónomas no tienen un poder político equivalente al presupuestario que las responsabilice ante sus ciudadanos, estamos introduciendo mecanismos de bloqueo en el sistema autonómico", concluye el diputado socialista.

Socialistas y nacionalistas

De la intervención de Castells en Santiago de Compostela se puede deducir que tanto los socialistas como los nacionalistas catalanes empiezan a plantear lo que será una larga batalla para que las comunidades autónomas puedan modificar en parte la normativa fiscal del Gobierno, quizá incluso el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en un futuro más o menos lejano.

A juicio de Joaquim Solé Vilanova, profesor de la Universidad de Barcelona, la corresponsabilidad fiscal no se alcanza de modo satisfactorio únicamente a través de la simple cesión de toda o de una parte de la recaudación de un determinado impuesto.

Él reclama también mayores capacidades sobre la normativa y advierte además. que eso no sería una gran novedad en la fiscalidad española.

"De hecho", subraya Solé, "los ayuntamientos y las diputaciones disfrutan de mayor libertad en este aspecto a través de dos de sus principales figuras impositivas, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)".

"Aunque es el Gobierno central el que finalmente fija y decide las normas generales en el caso de ambos impuestos" prosigue Joaquim Solé Vilanova, las corporaciones locales disponen de una muy amplia horquilla que les permite fijar los tipos definitivos en función de muy diversas y distintas variables".