Los hipermercados se oponen a que el Gobierno altere su política de pagos aplazados a proveedores
Los hipermercados y las grandes cadenas de distribución se oponen a la posibilidad de que la Administración interfiera en este sector con el fin de modificar las actuales condiciones de pagos aplazados a los proveedores con una media superior a los 90 días y que suponen la existencia de unas deudas, especialmente a las industrias alimentarías, cercanas a un billón de pesetas. Según el presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), José Serrano Carvajal, las grandes superficies no se han planteado la posibilidad de una negociación formal con los proveedores.En Francia, el Parlamento ha dado luz verde a un proyecto de ley por el que los pagos de productos perecederos animales se limitará a 20 días, a 30 días los del resto de los productos perecederos y a 45 días los de los productos alcohólicos. Industriales y grandes superficies tienen, además, un plazo hasta fin de mes para ponerse de acuerdo sobre los pagos aplazados al resto de los sectores dentro de una comisión donde están presentes representantes del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Para Serrano Carvajal, las condiciones de compra forman parte de la gestión comercial de una empresa en el marco de una economía libre de mercado y no debería ser algo que se pudiera cambiar desde las instancias oficiales. El portavoz de las grandes superficies señala que el sector está en contra de un liberalismo salvaje, pero también contra un dirigismo como el que se ha producido en Francia en relación con este mismo asunto. José Serrano Carvajal argumenta que la política de pagos aplazados es algo generalizado y que ello no conlleva graves riesgos de impagados a los proveedores por estimar que ninguna de las empresas asociadas a la entidad ha suspendido pagos en los últimos años.
Según fuentes de los proveedoores, el hecho de que hasta el momento no hayan suspendido pagos las grandes superficies no significa que no puedan hacerlo en el futuro, por lo que es indispensable eliminar riesgos de pagos tan aplazados. "Lo que van a conseguir", añaden, "es que al final quienes suspendan pagos, si continúan estas condiciones de compras, sean las industrias y las cooperativas comercializadoras del sector agrario".
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