PSOE y el PP fracasan de nuevo en su intento de renovar el Tribunal Constitucional

Las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el Tribunal Constitucional llegaron ayer a tal punto de bloqueo que miembros del Gobierno no dudaron en afirmar que, finalmente, cada grupo tendrá que llegar al pleno del Congreso con su candidatura. El diálogo de ayer entre el presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, y el representantie del PP, Federico Trillo, dejó las cosas peor que estaban, ya que concluyó con el rechazo global de Trillo a los candidatos del PSOE y su convencimiento de que lo único que quieren es mantener el sistema de cupos entre partidos.

Mientras tanto, Izquierda Unida sospecha que, al final, los dos partidos mayoritarios llegarán a un acuerdo y les marginarán.El portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, y el encargado de estas negociaciones por el PP, Federico Trillo, conversaron ayer sin que sus posiciones se acercaran mínimamente. El PSOE interpreta que los populares están dilatando la negociación porque el Gobierno es el más perjudicado en su imagen por cada día que transcurre sin resolver el problema.

El PSOE afirma igualmente que los populares están "tensando la cuerda" al creerse imprescindibles, por entender que no es de recibo dejar fuera al primer partido de la oposición en una decisión de semejante trascendencia institucional.

Lista rechazada

Los negociadores socialistas aseguraban ayer que el PP rechaza totalmente la candidatura promovida por el PSOE, que tiene el visto bueno de los nacionalistas catalanes, de los centristas y de Izquierda Unida.

Los negociadores del partido socialista señalan que el final de las conversaciones de cada reunión puede resumirse con el deseo del PP de que se acepte su lista, con el argumento de que está formada por juristas de incuestionable prestigio e independencia. Una afirmación a la que los socialistas contraponen el argumento de que también en la suya hay personas de las mismas características, e incluso, también los hay fuera de las listas y que podrían discutirse.

El bloqueo de la negociación, que continuará hoy y durante la próxima semana, llevaba tanto a los socialistas como a los populares a considerar que cada cual someterá a votación sus respectivas propuestas. La complejidad de la situación hacía pensar ayer a los negociadores que quizá tampoco en el próximo pleno del Congreso sea posible elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Previsiones de González

Hasta ahora todas las previsiones han fallado incluida la del propio presidente del Gobierno, Felipe González, que antes de partir en viaje hacia Bolivia se mostró convencido de que la renovación se produciría en el pleno que concluyó ayer. En estos momentos la demora en renovar el Constitucional pasa ya de cien días.

Así las cosas, la coalición Izquierda Unida ha renunciado a su iniciativa de convocar una reunión de todos los portavoces parlamentarios para elaborar una candidatura de consenso y piensa esperar para comprobar cuál es la verdadera actitud de los dos grupos mayoritarios.

Dirigentes de Izquierda Unida expresaron ayer su sospecha respecto a que, finalmente, el Partido Popular y el PSOE llegarán a un acuerdo y marginarán a las minorías. Respecto a los Candidatos que se vienen manejando, las posiciones entre socialistas y populares son distintas desde el principio.

El Partido Popular, por su parte, ha presentado públicamente cinco nombres: los magistrados José Gabaldón, Clemente Auger, Rafael Mendizábal, el catedrático Manuel Alonso Olea y el fiscal Cándido Conde-Pumpido.

El PSOE se ha negado a facilitar los nombres que propondría aunque se han conocido en el ámbito parlamentario: se trata de los catedráticos Luciano Parejo, Jesús Cruz Villalón, Julio González Campos, Carles Viver y Salvador Coderch, estos dos últimos, al parecer, por iniciativa de Convergéncia i Unió.

Portavoces del Partido Popular admiten, en privado, que los tres primeros propuestos por los socialistas reúnen las características suficientes de prestigio e independencia pero, a renglón seguido, se niegan a admitir abiertamente que pudieran aceptarlos en combinación con algunos de los nombres propuestos por los propios populares. Asimismo, estos portavoces repiten el argumento anteriormente señalado de que supone regresar al sistema de cuotas.