El Gobierno decidirá en las próximas semanas una subida de las retenciones del trabajo en el IRPF

El Gobierno estudiará "en las próximas semanas" una subida de las retenciones del trabajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Esta medida permitirá aumentar los ingresos y recortar la capacidad de gasto de las familias. Se trata, en última instancia, de rebajar este año el déficit público y la inflación, dos de los objetivos capitales del plan de convergencia. Así lo anunció ayer el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga ante un selecto grupo de banqueros y empresarios, preocupados por el futuro de Maastricht tras el no de Dinamarca., Solchaga aseguró que España seguirá adelante con el plan de convergencia, aunque para ello sea necesario "sacrificar" el crecimiento económico. Ofreció a los sindicatos un pacto salarial y se mostró partidario de abaratar y flexibilizar el despido.

Carlos Solchaga se presentó ayer ante los más de 400 empresarios y banqueros reunidos por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con el recién obtenido respaldo de la CE al programa de convergencia español (1992-1997).Intentó despejar las dudas por el futuro de Maastricht tras el rechazo de Dinamarca -"no será difícil encontrar una solución para garantizar que quienes estemos por estos objetivos podamos seguir adelante"-, e incluso afirmó que, con o sin proyecto común" la sociedad española debe hacer un esfuerzo para ser un país con menores desequilibrios económicos y con un nivel de bienestar equiparable a la media europea.

La primera dificultad se presenta ya este año, tal como reconoció el propio ministro, en uno de los objetivos básicos del plan de convergencia, la reducción del déficit público. Solchaga aseguró que el gasto crece a un ritmo del 10% y no existen "importantes desviaciones". En los ingresos, por el contrario, no se está recaudando todo lo que se esperaba en un principio. Por una parte, el descenso de la actividad económica provoca problemas de tesorería en las empresas y les lleva a pedir aplazamientos en el pago de los impuestos.

Por otra parte, la rebaja de las retenciones del trabajo en el impuesto sobre la renta, aplicada en el mes de febrero pasado -que fue de entre dos y cuatro puntos según los casos-, puede "reconsiderarse en las próximas semanas", ya que la recaudación ha bajado más de lo que se esperaba. Una subida en las retenciones permitiría, además de reconducir el déficit público hacia los objetivos previstos (2,6% del PIB), disminuir la capacidad de gasto de las familias, y, por tanto, rebajar la inflación, según explicó el ministro de Economía y Hacienda.

Rebajar la tasa de inflación, el otro gran objetivo del programa dle convergencia, necesita increinentos salariales acordes con la evolución de los precios; preocupación que, según Solchaga, se ha vuelto a plantear tras la huelga, del 28-M. Por ello, volvió a ofrecer a los sindicatos un pacto para contener los salarios, aunque "sin alterar los objetivos del plan de convergencia". No obstante, señaló que esta idea "no parece estar en la mente de las centrales cuando hablan de diálogo".

Tras señalar que el Gobierno "no quiere una ruptura" con los sindicatos -"ni con la patronal"-, rechazó negociar el decreto sobre el desempleo o la Ley de Huelga, tal como proponen las centrales. Ambos proyectos de ley están ahora en el Parlamento, y las centrales deben hacer sus propuestas a los grupos políticos y no al Gobierno, segun el ministro.

Pero en este tercer gran bloque del plan de convergencia, es decir, las reformas de carácter estructural, se puede abrir una nueva vía de enfrentamiento directo entre. el Gobierno y los sindicatos. Carlos Solchága abrió ayer el fuego al mostrarse partidario de "abaratar y flexibilizar el despido". No se trata de implantar el "despido libre", explicó poco después, "sino de reducir los trámites administrativos y los costes asociados a estos procesos".

El ministro dejó claro que el Gobierno no se parará en consideraciones "electoralistas" a la hora de aplicar el plan de convergencia. Incluso afirmó que si "a lo largo del proceso se presentaran dificultades para reducir la inflación", no se dudaría "en sacrificar durante un tiempo, deseablemente corto, el crecimiento económico" y, en última instancia, el empleo. Además, dijo que no habrá referéndum sobre los acuerdos de Maastricht, tal y como se ha solicitado últimamente desde diversos frentes sociales.

Según el titular de Economía,

el coste social de un debate que puede distorsionarse" no compensa porque la sociedad "ya ha mostrado su respaldo" al plan de convergencia, "a través del Parlamento".