Investigación sobre presuntos malos tratos en un centro para menores de León

La Consejería de Sanidad de Castilla y León y el Juzgado de Primera Instancia número 10 de León, por orden del fiscal de menores, han abierto una investigación tras la denuncia interpuesta por Rafael Marina, secretario general de la sección sindical de UGT en la Junta, en la que se dice que algunos jóvenes del centro regional María Inmaculada para menores con problemas de socialización aseguran haber estado sometidos a malos tratos y aislamientos.

La denuncia interpuesta por UGT se refiere a "encierros en una celda de aislamiento, en algunas ocasiones hasta tres días, así como castigos físicos; tal es el caso de los menores José M. y Cesáreo S.", de 15 y 14 años, respectivamente. El primero fue aislado en una habitación especial desde el 18 al 20 del pasado mes de mayo.Según el representante de UGT en la Junta, los malos tratos "propinados por miembros de la orden religiosa que presta servicio en el centro" causaron "lesiones" a ambos jóvenes.

El centro de menores María Inmaculada, dependiente del departamento de Servicios Sociales del Gobierno regional, cuenta en la actualidad con seis jóvenes de 14 a 17 años, que, por su especial personalidad, "conducta asocial y trastornos del carácter", requieren un tratamiento individualizado. En la institución prestan servicio 12 educadores (siete titulados de grado medio de la Junta y cinco frailes de la Congregación de Padres Terciarios Capuchinos; éstos últimos regentan el centro desde hace un año).

Historial de fugas

La dirección del centro envió ayer un informe al jefe del servicio de Protección y Atención de Menores de la Junta, Juan Donoso, en el que se reconoce que el joven José M., con un extenso historial de fugas, robos, desacatos, agresiones y destrozos, fue aislado del resto de sus compañeros en una "habitación especial" durante las fechas señaladas por UGT por decisión unánime del equipo técnico y directivo tras varios intentos de agresión física al personal docente y compañeros y la rotura de algunos cristales y una puerta con un mango de una azada.En el informe se señala, según Donoso, que el muchacho, durante su reclusión, estuvo atendido en todo momento por un educador, quien le invitó en varias ocasiones a salir de la habitación y leer en una sala contigua.

Los directivos de la institución asistencial reconocen que el chico tuvo que ser "reducido" en su arrebato "de forma violenta, con cierto forcejeo", pero en ningún momento esto representó "ni malos tratos ni un castigo físico", según las mismas fuentes.

El propio consejero de Sanidad, José Manuel Fernández, manifestó a este periódico que la investigación sobre lo ocurrido será "seria y rigurosa", y puntualiza que la citada congregación cuenta con una amplia trayectoria pedagógica, en particular con jóvenes con trastornos de la personalidad.

José Manuel Fernández Donoso ha afirmado que conocía la existencia en el centro de una "habitación especial": "No es represión, es una técnica de tratamiento conductual y de supresión de conductas incompatibles. Técnicamente, es sostenible este sistema, tiene la misma finalidad que tener a un chico normal en un pasillo castigado".

El informe de la dirección del centro relata que José M., en 1990, cuando contaba con 13 años y permanecía con un hermano en el centro de protección de menores Gregorio Santiago, de Burgos -su ciudad natal-, amenazó al director y a otros educadores con una escopeta de cañones recortados. El personal docente, después de un encierro de protesta, exigió la expulsión del joven del centro. Más tarde fue trasladado al centro de reforma de menores Zambrana, de Valladolid, donde protagonizó varias fugas.

El joven José M. ingresó en el centro María Inmaculada de la capital leonesa el pasado mes de febrero.