La Caja de Ronda redactaba resoluciones judiciales y sentencias que lo afectaban, según reconoce una juez

La Caja de Ahorros de Ronda (Málaga) dispuso durante varios años de un despacho en el edificio de los juzgados de la localidad, donde sus propios empleados tramitaban los asuntos civiles relacionados con la entidad financiera. La situación llegó al extremo de que los empleados de la caja redactaban incluso resoluciones y sentencias, según reconoció ayer la juez Olatz Aizpurua, que fue titular del juzgado de instrucción de Ronda entre 1987 y 1989.

La juez admitió en su comparecencia como testigo en un juicio que tuvo conocimiento de las irregularidades al poco tiempo de su llegada a Ronda, en febrero de 1987. "Llegaron a pasarme para firmar", explicó, "resoluciones y sentencias que yo no había hecho" sobre asuntos ejecutivos e hipotecarios de la Caja de Ronda. Aizpurua, que decidió paralizar los procedimientos que afectaban a la entidad, aseguró que esta práctica irregular había sido muy habitual en Ronda "durante muchos años", y que se sorprendió de que el despacho contiguo al suyo estuviera ocupado por un letrado que se presentó como abogado de la caja y en el que trabajaban "personas ajenas a los juzgados".La juez señaló que tuvo las primeras sospechas cuando vio que los escritos de estos asuntos estaban impresos en ordenador, ya que en los juzgados de Ronda, no existían máquinas de este tipo. Aizpurua desveló estas irregularidades durante el juicio celebrado ayer en Málaga contra un funcionario de Justicia de Ronda, acusado de falsedad en documento público. La juez aseguró que informó del asunto al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Audiencia Provincial de Málaga, sin que hasta el momento, cinco años después, se tenga constancia de la apertura de investigación alguna.

El abogado defensor del acusado instó ayer al presidente de la Audiencia, Manuel Rodríguez López, juez que presidió la vista oral, a que se abran las correspondientes investigaciones para esclarecer los hechos. Asimismo, el diputado de Izquierda Unida por Málaga, Antonio Romero, anunció que presentará un escrito al fiscal general del Estado para que inste a la fiscalía de ,Málaga a investigar los hechos denunciados por Aizpurua y por Juan Antonio Izquierdo, el funcionario juzgado ayer.

Miles de millones

Según Izquierdo, las reclamaciones de la Caja de Ronda por la vía civil suponían un volumen anual de entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas. Además, sobrecargaban el trabajo de un juzgado pequeño como el de Ronda que, según Aizpurua, tenía acumulados un considerable número de procedimientos sin resolver cuando se hizo cargo de él.De los asuntos ejecutivos e hipotecatios de la Caja de Ronda se encargaba habitualmente en el juzgado un funcionario distinto al que lo hacía con los temas relacionados con otras entidades bancarias. Otros trabajadores de Justicia de Ronda han admitido esta práctica.

El equipo directivo de la Caja de Ronda se ha renovado completamente desde la fecha a la que se refieren las irregularidades admitidas por la juez Aizpurua. Braulio Medel llegó a la presidencia de la entidad en marzo de 1987 y durante un año careció de poder ejecutivo. La Caja de Ahorros de Ronda ni siquiera existe hoy como tal, ya que en marzo de 1991 comenzó a ser operativa Unicaja, entidad resultante de su fusión con las cajas de Málaga, Antequera, Cádiz y Almería y que tiene su sede central en la capital malagueña.

Juan Antonio Izquierdo, afiliado a CC OO, de 32 años, está acusado de falsificar la firma del juez Manuel López Agulló, antecesor de Aizpurua, en un acta de cesión de remate de una vivienda en Jaén. Los dos subasteros que cedieron la propiedad y que declararon como testigos, desligaron del caso a Izquierdo y aseguraron que el acta la escribió otro funcionario. Izquierdo fue quien descubrió que había dos actas con beneficiarios distintos. EL informó a la juez Aizpurua, que decidió abrir las diligencias que originaron la causa juzgada ayer.