Justicia estamental
SALVEMOS LOS principios aunque sea a costa de hacer ininteligible la realidad. Ése parece haber sido el lema del tribunal militar de Valencia que ha absuelto a un cabo y a cuatro soldados de los delitos de abuso de autoridad y de imprudencia temeraria con resultado de lesiones, no obstante admitir como hechos probados que rociaron con un líquido inflamable a un compañero, tras haberle atado de pies y manos, y prenderle fuego a continuación.Los razonamientos hechos por la mayoría de los miembros del tribunal (tres vocales frente a dos) para provocar este extravagante fallo constituyen una consumada muestra de lo que puede dar de sí una justicia estamental, desconectada de los valores constitucionales y de espaldas a las pautas de conducta admitidas en la sociedad.
Como los hechos son los hechos y no hay forma de negarlos (las secuelas de la cruel broma siguen grabadas en el 22% del cuerpo quemado del recluta), el tribunal militar no ha tenido otra salida que diseccionarlos de modo que la amistad y el compañerismo del grupo expliquen por sí solos el bárbaro divertimiento, negando la objetiva relación jerárquica existente entre la víctima y uno de los promotores del juego, así como la actuación temerariamente imprudente de todo ellos. Y para rizar el rizo de la incongruencia, pasando por alto también la circunstancia de que los hechos se desarrollaron en el interior de un acuartelamiento militar. Es decir, que el tribunal militar quiere hacernos creer que la víctima aceptó voluntariamente que la inmovilizasen, que la rociasen con una sustancia inflamable y que la prendieran fuego, con grave riesgo para su vida y su integridad física.
Con esta pirueta dialéctica, la institución militar, en cuanto tal, queda a salvo, formalmente al menos, de cualquier responsabilidad en los hechos, pero a cambio de exculparlos y de propiciar que otros parecidos sigan alimentando en el futuro la actitud de rechazo de muchos de los jóvenes españoles al servicio militar. También de esta forma los valores de jerarquía y disciplina quedan protegidos, pero a cambio de admitir que no actúan cuando se trata de garantizar derechos tan esenciales como la vida y la integridad física de los soldados. Es decir, todo ello a costa de no hacer justicia y de dejar impunes unos hechos que no contribuyen a aproximar Ejército y sociedad civil.
Desde estos supuestos es difícil tomar en serio la recomendación que el tribunal militar hace a la víctima para que acuda a los tribunales civiles por considerar que los hechos pueden ser constitutivos, en todo caso, de un delito de coacciones. Felizmente, desde hace algunos años, la jurisdicción militar culmina en una sala del Tribunal Supremo. Existe, pues, posibilidad de que el extravagante fallo del tribunal militar de Valencia no pase a la historia como ejemplo de una obsoleta justicia estamental en la sociedad española que se asoma al siglo XXI.
