Las asociaciones de vecinos declaran la guerra al PP por limitarles sus recursos

El Partido Popular aprobó ayer en solitario las nuevas normas de participación ciudadana, que enmiendan las redactadas por el equipo de gobierno del PSOE en 1988 y acaban con las subvenciones para gastos corrientes y la cesión de locales municipales, En contra votó la oposición y en contra intervinieron en el pleno unas 35 asociaciones vecinales de las 44 que estaban previstas. Varios portavoces de estas entidades intercalaron en su discurso veladas amenazas al gobierno municipal: "Lo pagarán muy caro", comentó el de Canillas. El alcalde pidió que omitieran las amenazas.

Jose Gabriel Astudillo, concejal responsable de asuntos varios (de él dependen las áreas de coordinación, participación, educación, juventud y deportes), argumentó que el equipo de gobierno ha cambiado la normativa para ajustarla a los criterios ideológicos y económicos de su partido.Ideológicos, "porque el PP cree que la participación del ciudadano no debe estar hipotecada políticamente". Económicos, "porque el programa del PP prevé la contención del gasto público".

La concejalía de Astudillo ha rebajado la partida para subvencionar a las asociaciones de poco más de 100 millones de pesetas que tenía el año pasado a 50 millones.

Este recorte se hará efectivo con las nuevas normas, que marcan criterios más restrictivos para conseguir dinero municipal.

Las ayudas se otorgarán sólo para subvencionar una actividad concreta planteada en un proyecto previo. El Ayuntamiento dará el 50% del dinero como anticipo, y el resto, después de haber terminado la actividad. El municipio ya no pagará los gastos corrientes (agua, luz y otros) de las entidades ciudadanas.

Tampoco se cederán locales municipales como sede de las asociaciones.

Astudillo comentó ayer incluso que estudia la posibilidad de recuperar las instalaciones, cedidas en su momento, que en la actualidad están siendo utilizadas de forma permanente por entidades, vecinales.

Las nuevas normas también suprimen órganos de participación considerados innecesarios por el concejal Gabriel Astudillo, como el consejo consultivo de cultura de los distritos o el pleno extraordinario semestral de las juntas. El PSOE intentó, en una de las ocho enmiendas presentadas a última hora, que los plenos y los consejos de área de los distritos se convoquen obligatoriamente a partir de las siete de la tarde para que puedan asistir los vecinos.

Como los partidos políticos

El concejal de Izquierda Unida Franco González intentó hacer ver al Partido Popular que si corta las ayudas económicas a la asociaciones lo lógico sería que también se mostrara en contra de las subvenciones oficiales que reciben los partidos políticos.

"¿Por qué aplican una política a los partidos y otra a las asociaciones?", preguntó. "¿Por qué tienen tanta cara?".

Rafael Merino, del PSOE,, entiende que "esta normativa liquida al movimiento ciudadano

El concejal socialista profetizó: "Los sindicatos, que se vayan preparando, porque a ellos también les afectará esta política de represión, y además, nos tememos que el Partido Popular castigue a las asociaciones que han intervenido hoy en el pleno". Y zanjó: "Estas normas son el estatuto de la no participación".

Ayer hablaron unas 35 entidades, un hecho insólito en la reciente historia del Ayuntamiento. Durante cerca de 90 minutos, los portavoces vecinales pidieron sin descanso la retirada del proyecto, mientras gran parte de los concejales salía y entraba del salón de plenos.

Los representantes de las asociaciones consideran que la iniciativa del PP es eliminar a estas entidades ciudadanas, que se trata de unas normas "antidemocráticas" que van contra la Constitución y que el equipo de gobierno pretende cargarse de un plumazo en tres años de mandato los logros obtenidos por las asociaciones durante 30 años.

Los únicos representantes

Es la última vez que las asociaciones intervendrán. Las nuevas normas excluyen del derecho a intervenir en el pleno a las entidades que hayan participado en el procedimiento administrativo de un determinado asunto. Por ejemplo, si hubieran presentado alegaciones durante el periodo de información pública.