El "impuesto verde" rompe la unidad de los Doce con vistas a la Cumbre de la Tierra
Los ministros responsables del medio ambiente de la Comunidad Europea (CE) no consiguieron ayer en Bruselas ningún avance importante para llevar a la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 3 de junio) una propuesta común y pionera que proteja el planeta. El polémico impuesto verde y la ayuda económica al Tercer Mundo hicieron fracasar la última reunión de la CE antes de la cumbre. España defendió su derecho a poder aumentar su emisión de CO2 (dióxido de carbono) y encabezó la oposición a la tasa verde. Japón pretende ahora convertirse en la clave de la política ecológica mundial para frenar el cambio climático.
El propio comisario de Medio Ambiente europeo, Carlo Ripa di Meana, intentó presionar ayer al Consejo de Ministros para que adoptara algún acuerdo, con la amenaza de no acudir a la Cumbre de la Tierra.Para Greenpeace, la propuesta que haga la CE en la Cumbre de Río es "su gran oportunidad para salvaguardar su credibilidad y mostrarse "como líder mundial en la protección del medio ambiente". Sin embargo, los asuntos con los que se enfrentaron los Doce no eran nada ligeros: el impuesto verde para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, defendido sobre todo por Alemania, supondría encarecer las energías más contaminantes -petróleo y carbón- y haría perder competitividad a la industria europea. La Comisión Europea decidió hace dos semanas aprobar la aplicación de esta tasa siempre que fuera seguida por EE UU y Japón; pero ni siquiera entre los Doce ha habido consenso.
El Gobierno español ha venido defendiendo en Bruselas el Plan Energético Nacional (PEN), que prevé el aumento de emisiones de C02 en un 25% para el año 2000, porque ahora España contamina mucho menos que la mayoría de los países de la CE. Su oposición al impuesto verde se basa en que favorece a los países, como Francia, que han apostado por la energía nuclear. José Borrell, ministro de Obras Públicas y Transportes español, insistió ayer: "Repartamos cuotas y penalicemos a los que emitan más C02 de lo permitido, pero no centralicemos el debate en una figura, fiscal de efectos discutibles a corto plazo". Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Estado para el Agua y el Medio Ambiente destacaron una referencia en la intervención de Borrell: "España estaría dispuesta a considerar la utilización de instrumentos económicos y financieros para la reducción del consumo de energía".
En este sentido, Juan López de Uralde, de Greenpeace, señaló ayer: "El único documento que le interesa al Gobierno español no es la Carta de la Tierra (los dos textos que saldrán de Río), sino su PEN".
El tráfico de residuos
El control a la circulación transfronteriza de residuos tóxicos y peligrosos ha destapado datos espectaculares que muestran que la exportación es más barata que la eliminación: Greenpeace señala haber descubierto 1.500 toneladas de residuos alemanes enviados a la región de Transilvania (Rumania). El compromiso comunitario, en la línea de la Convención de Basilea de 1989, es ser autosuficiente para eliminar sus propios residuos y evitar su salida hacia países del este de Europa o en vías de desarrollo. Sin embargo, controlar el transporte dentro de las fronteras de la CE entraría en contradicción con toda la política de libre movilidad de mercancías suscrita en Maastricht. Sobre la aportación al Fondo Mundial del Medio Ambiente para ayudar al Tercer Mundo a respetar los convenios internacionales, las discrepancias también impidieron el acuerdo. No hubo unanimidad para pasar del 0,35% al 0,7% del PNB que aconseja la ONU.
Todas las organizaciones ecologistas españolas han criticado esta paralización de laCE, y especialmente la actitud española, que es encuadrada dentro de las estrategias para convertir la cumbre convocada por las Naciones Unidas en 11 un carnaval verde carente de contenidos y compromisos". Los Doce sólo coincidieron en un punto: firmarán en Río el Convenio del Clima. Estados Unidos ya se había encargado de que este texto no incluya compromisos concretos.
El otro documento básico de Río, el Tratado sobre la Biodiversidad, firmado en Nairobi (Kenia) el viernes, ya ha comenzado su polémica andadura. La ministra de Medio Ambiente francesa, Segolene Royal, dijoayer que Francia se reserva el derecho de firmarlo: "Los países en vías de desarrollo temen una confiscación de sus especies, y ello ha dado lugar a un texto débil que pone el acento en la soberanía nacional en detrimento de un enfoque global".
Por otro lado, Japón acaba de publicar su Libro Blanco sobre Política Medioambiental, en el que apuesta por la necesidad de ligar el crecimiento económico con el bienestar ecológico. El informe oficial, que aboga por los impuestos ecológicos, señala que Tokio debería tomar un papel líder en Río, tal y como han apuntado varios organismos internacionales.
