Justicia politizada

DICE AZNAR que la justicia está politizada, pero no es seguro que su reacción frente a la sentencia contra el alcalde de Burgos vaya a contribuir a despolitizarla. Ya cuando fue llamado a declarar en relación a ese sumario, Aznar consideró la decisión judicial una "manipulación política escandalosa e intolerable", insinuando que el presidente del Gobierno podría estar detrás de ella; una acusación bastante grave, equivalente a achacar a los jueces el mismo delito, prevaricación, por el que sería condenado el alcalde. La sentencia deja claro, por cierto, que la convocatoria de Aznar en condición de testigo, a petición de la acusación particular, estuvo plenamente justificada a la vista de las relaciones que da por probadas entre el propio Aznar, el alcalde y el constructor Méndez Pozo, condenado a siete años de prisión en el mismo proceso.Ahora, Aznar ha anunciado que su partido va a personarse en las querellas abiertas contra miembros del PSOE sospechosos de delitos de corrupción. Nada habría que objetar si no fuera por la duda sobre si tal iniciativa habría sido adoptada de no mediar la sentencia de Burgos (y las críticas generalizadas suscitadas por la actitud de Aznar frente a ella). Los casos Filesa y Ceres, citados por Aznar, están relacionados, supuestamente, con la financiación irregular del PSOE. Suposición apoyada en abrumadores indicios conocidos por la opinión pública. Casi tan abrumadores como los que relacionan al caso Naseiro con la financiación del PP. En todos ellos debe actuar la justicia. Sería deseable que sin interferencias políticas.

Ello no significa que tales escándalos no tengan una dimensión eminentemente política. Pero la controversia correspondiente habrá de manifestarse en su ámbito propio: el debate en el Parlamento y demás instituciones representativas. Lo que no resulta coherente es desplazar ese debate al terreno judicial y quejarse luego de la politización de la justicia. Sobre todo, no parece la mejor forma de evitar ese riesgo someter a los jueces a la presión de una lectura temerariamente partidista de sus resoluciones. Además, nada es tan desmoralizador como esa pretensión de que el escándalo del vecino sirva para hacer olvidar el de la propia casa. Ni Peña justifica a Juan Guerra ni Filesa a Naseiro.