Vera anuncia la investigacion de redes etarras en Argentina, México, Cuba y Venezuela

El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el ministro del Interior de Uruguay, Andrés Ramírez, coincidieron en señalar, ayer en Montevideo, que la operación contra los etarras refugiados en ese país latinoamericano no estaba cerrada y dijeron que son "probables" nuevas detenciones en breve. Vera afirmó que se investiga la posible existencia de redes etarras en Argentina, México, Venezuela y Cuba.

Vera y Ramírez, reunidos en Montevideo, intercambiaron datos sobre la operación policial, mientras que el juez Carlos Bueren, titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, y el fiscal Ignacio Gordillo, de dicha audiencia, estudiaban las fórmulas para conocer el proceso abierto a los 13 detenidos y, en su caso, interrogarlos y allanar el camino de las extradiciones.

El secretario de Estado para la Seguridad, desplazado a Uruguay a última hora de la tarde del miércoles (hora española), se reunió con el ministro para conocer de primera mano datos de la operación policial que liquidó el pasado viernes una red de acogida y refugio de etarras en Montevideo. Vera recibió, además, la documentación incautada, juzgada de gran valor por ambos.

Vera reconoció que la existencia de redes similares de refugio de etarras puede extenderse a otros países, "no sólo latinoamericanos". El secretario de Estado para la Seguridad destacó la voluntad de localizar a activistas huidos de España y Francia, y que poseen antecedentes, para su detención y posterior extradición.

Preguntado el ministro uruguayo si tenía constancia de que etarras refugiados en Uruguay se hubieran trasladado a España para atentar, Ramírez se escudó en un "se está investigando". El ministro uruguayo de Interior despachó con idéntica respuesta la pregunta de qué datos había sobre el dinero que esta red había recibido de la dirección de la banda para montar una red hostelera.

Sin embargo, mandos de la lucha antiterrorista confirman que la dirección de ETA había invertido importantes cantidades de dinero para montar esta infraestructura hostelera, si bien no había constancia aún de que los beneficios hubieran revertido a la caja central etarra.

Delitos de opinión

El ministro uruguayo fue contundente al rechazar la hipótesis de que la justicia uruguaya pudiese considerar a los etarras detenidos como presos políticos o autores de delitos de opinión. "Los delitos de terrorismo por los que se reclamaría su extradición están incluidos en las hipótesis del convenio de extradición entre ambos países vigente desde l888", aseguró Ramírez.

Vera fue aún más tajante: "No hay delitos de opinión en España. El País Vasco tiene su estatuto de autonomía, su Gobierno, su policía autónoma y un nivel superior de autonomía al que pueden tener países de sistema federal. En España hay un grupo político con representación en el Parlamento del Estado y en el Parlamento autónomo que defiende los mismos objetivos que la organización terrorista ETA".

"Es un riesgo decir que ETA está en su peor momento o que está acabándose. Los que hacen estas valoraciones sabrán por qué las hacen. No se debe hacer una valoración en ese sentido hasta que se detenga al último terrorista. Mientras tengan explosivos y armas podrán continuar realizando actos terroristas", añadió Vera. Pero admitió que es "evidente" que ETA "tiene dificultades en Francia porque las autoridades francesas están trabajando en este problema, que a ellos también les afecta".

El resultado es que "tienen que huir a otros países, donde son desconocidos y la actividad policial es más difícil". Vera y el ministro uruguayo descartaron que ETA tenga apoyo de grupos radicales latinoamericanos, aunque admitieron posibles conexiones aisladas.

En este contexto, la policía uruguaya seguía muy de cerca los pasos de una persona de ideología izquierdista que supuestamente habría tenido relación con esta red, y cuya detención se juzgaba inminente. Precisamente, según fuentes de la lucha antiterrorista española, ha sido el temor al contagio local por parte de los etarras ocultos en este país, salpicado recientemente por atentados de dudosa paternidad, lo que ha empujado a las autoridades uruguayas a actuar. De otra parte, mandos de la lucha antiterrorista española estiman que la red de falsificación de documentos podría haber servido para dar una apariencia legal a otros etarras huidos a diferentes países latinoamericanos.

Presión psicológica

Vera, para presionar psicológicamente en favor de la extradición, ha traído a Uruguay varios vídeos que recogen los atentados más brutales de ETA, como el que mutiló a la niña Irene Villa, con el fin de despejar toda duda sobre el carácter de las acciones de los etarras. Al margen del valor de la documentación incautada, que incluye comunicados de la organización hacia los refugiados en Uruguay, los mandos policiales españoles consideran de gran valor informativo las posibles declaraciones del etarra Cándido Ostolaza, hombre de confianza de Jesús María Errostarde, Fitti, que podrían servir para localizar elementos de la infraestructura y arsenal de ETA aún desconocidos.

Entre tanto, Bueren se reunió con las autoridades judiciales uruguayas y comenzó a interrogar a los etarras detenidos, lo que se interpreta en medios policiales españoles como un signo positivo para lograr la extradición.

La detenida Rosario Delgado Iriondo protagonizó un incidente cuando era conducida, esposada, junto al resto de los etarras, desde la cárcel hasta el tribunal, infonna Efe. Delgado se apartó momentáneamente de la fila para acercarse a los miembros de la delegación de HB. Ese intento motivó un forcejeo con un policía. Como consecuencia del mismo, la etarra cayó y desde el suelo lanzó una patada que alcanzó al agente.