Más de 18 peticiones de recurso desatendidas

Dieciocho peticiones al Defensor del Pueblo -procedentes de organizaciones jurídicas, políticas o humanitarias, ayuntamientos y ciudadanos particulares- para que recurriera la ley Corcuera han sido desatendidas por el titular de la institución, Álvaro Gil-Robles, al decidir ayer no presentar el recurso. A tales peticiones hay que añadir las solicitudes llegadas a través del Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

Entre los peticionarios figura la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas -que agrupa a unos 2.000 magistrados, fiscales y abogados-; la Asociación Pro Derechos Humanos; el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña y los diputados de Eusko Alkartasuna.

Mañana, 50.000 firmas

Aunque la decisión fue adoptada ayer y el plazo para el recurso concluye el 22 de mayo, un portavoz de la Plataforma de Ciudadanos por las Libertades -que agrupa organizaciones sindicales, políticas y humanitarias- informó anoche a este periódico que se mantiene para mañana, miércoles, la entrevista con Gil-Robles, en la que se hará entrega al Defensor del Pueblo de las casi 50.000 firmas recogidas en apoyo de la presentación del recurso. Luis Miguel Alonso, secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos, encargada de centralizar la recogida de firmas, informó que hasta ayer había contabilizadas 48.857 firmas. Paralelamente a la petición del recurso, se proyecta elaborar un libro -que ya preparan los magistrados Jesús Fernández Entralgo y Claudio Movilla y el profesor Guillermo Portilla- con materiales para facilitar la impugnación de la ley Corcuera mediante cuestiones de inconstitucionalidad que presenten los jueces o recursos de amparo los abogados de los perjudicados. También se proyectan servicios jurídicos de urgencia para asesorar a los ciudadanos que lo requieran.