Antiguos cargos niegan responsabilidad en Ceres, pese a que existen documentos

Miguel Ángel Loeches García y María José Tomé Arnal ostentaron los cargos de jefe de administración y secretaria no consejera del Consejo de Administración de Viajes Ceres, respectivamente, según consta en cartas firmadas y en el registro mercantil de Madrid. Los documentos contradicen la versión de ambos que, en carta enviada a EL PAÍS, han negado cualquier relación "como apoderados o directivos" con la compañía de viajes.

Sobre Viajes Ceres, la empresa Enatcar ha solicitado al juez que investigue un presunto desvío de 833 millones de pesetas a una filial de Filesa. De acuerdo con los documentos examinados, tanto Loeches García como Tomé-Arnal figuraron como personal destacado, por sus responsabilidades, en Viajes Ceres. Miguel Ángel Loeches emplea su firma, en cartas con membrete de Viajes Ceres enviadas a una empresa en febrero y marzo de 1990, como "jefe de administración". Loeches, según consta en uno de los documentos, "representa" a Viajes Ceres.

Miguel Ángel Loeches reconoció deudas en nombre de la compañía de viajes. En carta remitida a una sociedad mercantil relacionada con Viajes Ceres, con fecha 19 de febrero de 1990, se afirma "Viajes Ceres, reresentada por D. Miguel Zngel Loeches García, jefe de administración de la misma, reconoce [una determinada deuda]". Firma Miguel Ángel Loeches.

Denuncia de Enatcar

El caso de Viajes Ceres -beneficiaria de los viajes para la tercera edad del Inserso- ha vuelto a primer plano a raíz de la denuncia presentada por la empresa Enatcar en el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Enatcar ha pedido al juez que investigue el presunto desvío de 833 millones de Viajes Ceres (en suspensión de pagos) a la sociedad Aparthotel Aguamar. Aparthotel Aguamar está relacionada a su vez con Filesa. Esta compañía ha sido vinculada a la supuesta financiación de un determinado partido político. Asimismo, Enatcar, compañía que preside el ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga, ha presentado una querella contra los tres interventores que supervisan la suspensión de pagos de Viajes Ceres. Una conversación grabada entre uno de los abogados de Enatcar y uno de los interventores ha revelado la existencia de presuntas irregularidades y presiones en el proceso. Por lo que se refiere a la abogada María José MaríaTomé Amal, figura en el registro mercantil como "secretaria no consejero" del Consejo de Administración de Viajes Ceres. Tomé-Arnal, que dimitió del cargo en agosto de 1990 y abandonó la empresa en 1991, niega que tuviera cualquier responsabilidad excepto la de redactar las actas del consejo.

"Fui contratada como licenciada en Derecho en prácticas" afirma "y dimití como secretaria del consejo, porque aquello no me iba y no quería tener nada que ver con esa gente, en agosto de 1990".

Según Tomé-Arnal, por su función de secretaria del consejo, un puesto que implica confianza y cierta responsabilidad en las empresas, no recibió remuneración alguna. Entre las funciones del secretario de consejo está la firma, junto con el presidente de la sociedad, del libro de actas en el que se anotan las discusiones y acuerdos, según el artículo 142 de la Ley de Sociedades Anónimas. No ha sido posible conseguir la versión de Loeches sobre sus funciones pese a que Tome-Arnal trasmitió a Loeches el interés de EL PAÍS en contrastar los documentos firmados por el ex jefe de administración de Ceres.

María José María Tomé-Arnal formó parte del Consejo de Administración de Viajes Ceres facultada por la junta de la compañía y el propio consejo en decisión adoptada, según consta en el documento del registro, el 17 de abril de 1989.

Dimisión del Consejo

La abogada dimitió del Consejo en agosto de 1990. No obstante, permaneció en la empresa, atendiendo una labor "compleja", según sus propias palabras, hasta junio de 1991. Tomé Arnal, según manifestó a este diario, se ocupaba en la empresa [además de su puesto en el Consejo] de gestionar arrendamientos, redactar cartas de despido, registrar marcas y mantener al día la documentación y los archivos. En el Consejo de Administración, además de la abogada, figuraban en la época (1989) Miguel Capo Oliver (presidente y consejero); Juan Bautista Calatayud Montell (vicepresidente y consejero) y el ingeniero Luis Oliveró Capellades (consejero-vocal).