El Gobierno acepta modificaciones fiscales para tener el apoyo de los nacionalistas al plan de convergencia
Los grupos parlamentarios vasco y catalán consiguieron ayer que el partido del Gobierno asumiera nuevos compromisos en materia fiscal, industrial y agrícola, dentro del debate del programa de Convergencia con la CE, al que no asistió el presidente del Gobierno, Felipe González. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, recibió el apoyo de ambos grupos nacionalistas, aunque con matices por parte de Miquel Roca, a cambio de aceptar, entre otras cosas, que se limite expresamente el gasto público a lo presupuestado cada año, que se reforme el impuesto sobre sociedades y ciertos compromisos en materia industrial y agrícola. Izquierda Unida y sobre todo el Grupo Popular plantearon un crítica frontal a los planteamientos del Ejecutivo.El Grupo Parlamentario Socialista accedió a asumir algunas de las propuestas de los grupos políticos de los que recibe apoyo en la Cámara. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer 12 propuestas transaccionales sobre otras tantas resoluciones de nacionalistas vascos y catalanes y el CDS, además de las 10 presentadas por el propio grupo socialista y otras dos del grupo mixto. Gracias a estas cesiones, el Gobierno contó con el apoyo explícito de estos grupos al programa de convergencia. Un apoyo que ya había recibido, con condiciones, Carlos Solchaga, cuando presentó el documento ante la comisión de Economía del Congreso. El debate de ayer y las resoluciones aprobadas no afectan, sin embargo, al texto del programa que enviará el Gobierno a Bruselas. Las resoluciones son compromisos adicionales del Ejecutivo ante el parlamento, según explicó el propio Solchaga a los periodistas tras el pleno. El ministro comparece hoy en el Senado para discutir nuevas propuestas al programa presentadas en la Cámara Alta.
Los principales compromisos asumidos por el Gobierno en el debate de ayer se refieren a temas fiscales. Destaca entre ellos la aceptación de una resolución de CiU, por la cual el conjunto de obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo al presupuesto del Estado no podrán superar la cuantía total de los créditos inicialmente aprobados. Quiere esto decir que el Gobierno se compromete a cumplir las previsiones de gasto público en los sucesivos presupuestos. Además los créditos extraordinarios "no podrán superar en ningún caso el 3% de los créditos inicialmente aprobados por las Cortes".
En el mismo ámbito fiscal, el Gobierno se compromete ante el Parlamento a realizar una serie de modificaciones en los impuestos sobre sociedades, valor añadido e impuestos especiales, solicitadas por el grupo catalán. En el impuesto de sociedades aceptó modificar las tablas de amortizaciones de activos fijos y dar un tratamiento fiscal distinto a los beneficios empresariales según se distribuyan o reinviertan. Se trata de dos antiguas reivindicaciones de los empresarios, defendidas por CiU, cuyo portavoz, Miquel Roca, se mostró satisfecho por los cambios, aunque dijo que no renunciaba a seguir solicitando una actualización de balances. La mayoría de las resoluciones del Grupo Catalán contó con el voto favorable del PP. Izquierda Unida sólo votó las suyas.
En relación con la industria, la Cámara aprobó propuestas del grupo vasco, referidas a una mayor flexibilidad en los mercados y a reformas estructurales tendentes a la liberalización económica, así como otras propuestas de CDS y Euskadiko Ezkerra, sobre promoción industrial.
En su intervención, Carlos Solchaga defendió ayer en el Parlamento el programa de convergencia del Gobierno "como, un plan capaz de crear empleo, que elimine gradualmente las diferencias de riqueza, renta y bienestar de España con los países más ricos de la Comunidad Europea". Solchaga recibió el apoyo encendido del representante del PNV, Emilio Olabarría, una defensa matizada de Roca, y las más duras descalificaciones de Isabel Tocino, y en menor medida Ramón Espasa por Izquierda Unida.
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