Un grupo humanitario pide que los presos puedan ver a sus familiares sin barreras

Limitar el periodo de prisión preventiva (que actualmente puede llegar a cuatro años); permitir como . norma general las "visitas con contacto" y dejar las que se hacen a través de locutorio como una de las sanciones penitenciarias más duras, y evitar el traslado de los presos lejos de sus domicilios son parte de las recomendaciones hechas al Gobierno español por Human Rights Watch. Esta organización norteamericana hizo su informe, pese a que Justicia no atendió su solicitud para que sus miembros pudieran ver 12 cárceles.

La directora del proyecto de prisiones de Human Rights Watch, Joanna Weschler, manifestó ayer que uno de los problemas más graves descubiertos en las cárceles españolas es la falta de trabajo para los internos, pese a ser un derecho reconocido en la Constitución. Otro de los fallos más graves es la carencia de celdas individuales, lo que representa "una degradación del modo de vida" y una violación de lo establecido por la ley.La citada organización humanitaria tropezó con una dificultad similar que antes había encontrado en Turquía: el secretario de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, prohibió que los observadores pudieran visitar las cárceles. Estos, no obstante, lograron entrar en la prisión madrileña de Carabanchel acompañando a la juez de Vigilancia Penitenciaria, Manuela Carmena, lo que le, costó ser expedientada. Los comisionados extranjeros pudieron entrar, en cambio, en dos centros de Cataluña, que son gestionados por la Generalitat.

Human Right Watch considera "muy insatisfactorias" las actuales normas de visitas que rigen para los reclusos. Los familiares únicamente tienen derecho a ver al preso a través del cristal blindado de un locutorio, "lo que es especialmente traumático para los hijos menores".

Falta de información

La citada organización, avalada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, cree que tales encuentros deben realizarse en salas de visitas comunitarias, de tal forma que las visitas sin contacto se conviertan en una de las sanciones más rigurosas. "Se deben cumplir las exigencias legales de que los reclusos estén correctamente informados sobre sus derechos y deberes " ,pidió ayer Joanna Weschler, quién criticó que el Gobierno no haya permitido que las organizaciones no gubernamentales(ONGs) distribuyan unos folletos explicativos.

La extensión del sida entre los reclusos "requiere un mejor tratamiento sanitario y que se actúe preventivamente"con el fin de evitar los riesgos de contagio.

Human Rights Watch recomienda al Ministerio de Justicia un mejor control de los caminos de distribución de la droga, a la vez que asegura que "Ios drogadictos carecen del tratamiento terapéutico adecuado". No obstante, dicha organización reconoce en su informe que la situación sanitaria en los penales ha mejorado "considerablemente".

WeschIer también se refirió a la situación de las reclusas, al decir que Ias cárceles están diseñadas para los hombres... y las mujeres son un mero apéndice".