La frontera

EN LO que va de año, la policía ha detenido a 101 personas supuestamente relacionadas con ETA: 81 en España y el resto en Francia, incluyendo a los componentes de la troika que ha venido dirigiendo esa banda en los últimos años. Estas detenciones tienen un efecto práctico inmediato, en la medida en que dificultan la acción de los terroristas: por mucho que alardeen sus amigos, la sustitución de dicha troika no es tan fácil, especialmente en una organización que lleva muchos años sin celebrar asambleas. Pero tienen también un efecto político, de desmoralización de los seguidores de ETA, sin cuyo apoyo el terrorismo vasco habría desaparecido hace bastante.Durante mucho tiempo, esos efectos políticos de la eficacia policial apenas se manifestaban. Había otras causas, pero una de las principales era la existencia de contradicciones entre las fuerzas democráticas sobre la forma, precisamente, de combatir la amenaza terrorista. Hace siete años, la solicitud de extradición de determinados miembros de ETA detenidos en Francia provocó la protesta internacional, no ya de tal o cual partido, sino de una institución pública tan representativa como el Gobierno vasco, entonces presidido por Garaikoetxea. Así, se daba la paradoja de que una medida perfectamente legal y plenamente justificada resultaba contraproducente: era preferible renunciar a las extradiciones antes que dar a los violentos el impagable apoyo que ese pronunciamiento suponía. Ello perjudicaba la coherencia de la política antiterrorista tanto como desorientaba a la opinión pública.

El Pacto de Ajuria Enea vino a poner fin a tal situación al trazar una frontera no entre los nacionalistas y quienes no lo eran, como querían los amigos de ETA, sino entre los demócratas, nacionalistas o no, y quienes . pretendían imponerse por la fuerza. La renuncia a una utilización partidista de los efectos de la violencia, por una parte, y la negativa a aceptar el chantaje de ETA -consistente en condicionar el cese del fuego a la aceptación de su programa en unas negociaciones políticas-, por otra, fueron las premisas que hicieron posible dicho acuerdo.

Tales principios y la existencia misma'del pacto han sido puestos en grave riesgo por el PNV y el PSOE con la decisión, definitivamente adoptada ayer, de dar luz verde a la modificación del trazado de la autovía de Leizarán, de acuerdo con la exigencia de ETA. De esa banda, y no de coordinadora ecologista alguna, porque es evidente que, sin su intervención (con el balance de tres personas asesinadas y daños materiales valorados en unos 1.000 millones de pesetas), ni al diputado general de Guipúzcoa ni a nadie se le hubiera ocurrido negociar un trazado alternativo al aprobado en su día por las instituciones (tras seis años de informes, auditorías, debates). Ésa es la realidad, y todo lo demás es disimulo, incluyendo la finta de última hora consistente en afirmar que eltrazado aprobado ayer es una variante diferente a la pactada por el PNV con la coordinadora Lurraldea. Haée tiempo que quedó claro que lo de menos era el trazado concreto, y que esos ecologistas de ocasión aceptárían cualquiera siempre que quedase claro que se modificaba el aprobado por las instituciones y que la modificación se debía a la intervención de ETA.

Y más que disimulo, puro jesuitismo fue la astucia socialista de presentar una alternativa propia en las Juntas Generales de Guipúzcoa para evitar así votar con las fuerzas que se oponían a la modificación del proyecto oficial. El desairado papel desempeñado por los socialistas tiene seguramente que ver con su temor a una ruptura de su alianza con el PNV, no sólo en quipúzcoa, sino en el Gobierno vasco. La ausencia de alternativa a esa. fórmula tras el fracaso del tripartito nacionalista obliga, ciertamente, a actuar con cautela y responsabilidad; pero esa ausencia de alternativa afectaba en igual medida al PNV, lo que significa que, de habérselo propuesto, los socialistas podían haber presionado con más energía.

En cuanto al PNV, su obstinación -por dos veces volvió al laberinto tras haberse salido de él- resulta tan desconcertante que no habría que excluir la existencia de algún compromiso previo que ha atado sus manos. Irresponsable compromiso, en todo caso, porque aceptar la modificación de la autovía significa desautorizar a c uantas instituciones, partidos, medios de comunicación y ciudadanos en general se movilizaron en defensa del principio democrático que los violentos querían quebrar. Pero irresponsable, sobre todo, por lo que supone de aliento a ETA (y a los sectores más inmovilistas de HB) en un momento en el que necesitan como el aire un éxito cualquiera que poder presentar como prueba de la eficacia de la lucha armada. La conclusión no será la utilidad de los movimientos sociales, sino su inutilidad si no cuentan con el respaldo de una banda que argumenta a bombazo limpio.