Telefónica reclama a organismos y empresas públicas deudas por valor de 70.000 millones

El presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, ha reclamado a la Administración la deuda acumulada con la compañía por diferentes organismos y empresas públicas que a 31 de diciembre de 1991 se situaba en unos 70.000 millones de pesetas, un 40% más que en el ejercicio anterior, según fuentes de la empresa. La petición tiene lugar en un momento especialmente delicado para Telefónica, con la revisión de tarifas pendiente de aprobación por el Gobierno y una fuerte polémica con los sindicatos por la desaparición de la Institución Telefónica de Previsión (ITP).

Telefónica y el Ministerio de Obras Públicas mantienen importantes discrepancias por la revisión de tarifas que debe producirse en 1992. Mientras la compañía reclama un incremento de precios que facilite sus planes de inversión, Obras Públicas estudia cómo combinar las necesidades de la compañía con subidas que no disparen el índice de precios de consumo (IPC).En este contexto, el presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, ha expuesto a la Administración la necesidad de cobrar las deudas pendientes con distintos organismos y empresas públicas. De los 70.000 millones de pesetas que reclama la compañía, más de 14.000 millones, según la empresa, corresponden a recibos atrasados del Ministerio del Interior; más de 13.000, a Correos; por encima de 11.000, a otros ministerios; 12.000, a empresas públicas; 8.000 millones de pesetas, a varias comunidades autónomas, y 4.000 millones, a ayuntamientos. Según Telefónica, la deuda de las distintas administraciones, organismos y empresas públicas con la compañía ha crecido en 20.000 millones de pesetas (un 40%) en el último año.

La compañía, necesitada de fondos para encarar las inversiones previstas por la empresa hasta el año 2002 en el Plan Nacional de Telecomunicaciones (5,3 billones de pesetas), desea liquidar la deuda y modificar su estructura de tarifas, ya que, según ha reconocido el propio ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, el usuario, vía tarifas, será quien sufrague, en su mayor parte, las inversiones de Telefónica en los próximos años.

Fuertes subidas

Pero una cosa son las necesidades y otra la realidad. Telefónica y MOPT discrepan sobre cuál debe ser la subida de tarifas para este año. La compañía ha presentado un proyecto en el que se contemplan importantes subidas (superiores al 60% en algunos casos) para las llamadas locales y, sobre todo, en aquellas con una duración superior a los 90 segundos. Las subidas en llamadas locales se compensan con importantes reducciones, de hasta el 50% en algunos casos, para las llamadas internacionales. De acuerdo con la versión de Telefónica, tales subidas no superan, en media, el incremento de precios previsto para el año, el 5%.Sin embargo, los cálculos del MOPT no coinciden con los de Telefónica. En opinión del ministerio, el proyecto de revisión de tarifas presentado por Telefónica supera, en media, el IPC previsto para el año. De esta forma, la subida, que previsiblemente será muy rebajada por el MOPT, todavía no ha llegado a ser estudiada por la Junta Superior de Precios. Dos reuniones de grupos de trabajo de la citada Junta, convocadas para estudiar las propuestas en las últimas dos semanas, han sido aplazadas. Pese a todo, altos cargos del ministerio afirman que las discrepancias con Telefónica son "las normales en estos casos".

En el fondo de la discusión, según reconocen las fuentes consultadas, está el impacto sobre el IPC derivado de la subida en las llamadas locales, con un importante peso en la cesta de componentes que sirve para elaborar el índice. Asimismo, en el retraso que está sufriendo la revisión pesa el fuerte aumento que ya se llevó a cabo en las llamadas en 1991 y la oposición de los usuarios.

En este contexto, la Compañía Telefónica va a poner en marcha un plan piloto para el cobro a clientes morosos. En lugar de la carta reclamando el pago del recibo, Telefónica cortará al moroso únicamente la línea de salida del teléfono. De esta forma, el usuario podrá recibir mensajes durante un tiempo, pero no podrá hablar con el exterior. El plan piloto se aplicará primero en Navarra.

El problema de la deuda contraída por organismos públicos con Telefónica no es algo aislado. En un caso calcado, Renfe trata de cobrar, con éxito desigual, más de 65.000 millones de pesetas. El 90% de la deuda, según fuentes internas de la empresa, corresponde a la antigua Dirección General de Correos. Otras partidas de organismos deudores de Renfe son 18.500 millones del Ministerio de Transportes, 5.000 millones de comunidades autónomas y alrededor de 500 millones de pesetas de distintos ayuntamientos.