Gobierno y Parlamento ruso buscan el compromiso sobre el recorte de poderes a Yeltsin

Representantes del Gobierno ruso, dirigido por Borís Yeltsin, en franca rebelión contra las medidas adoptadas el sábado por la noche por el Congreso de los Diputados del Pueblo, y miembros del presidium del Soviet Supremo de, la Federación Rusa y de los grupos parlamentarios se reunieron ayer en Moscú para intentar poner fin a su agria disputa. El Parlamento dio un plazo de tres meses al presidente de la principal república de la CEI para que renuncie a sus poderes excepcionales y al puesto de jefe del Gabinete. El viceprimer ministro y padre de la reforma económica, Yegor Gaidar, dijo que la reunión de ayer fue "constructiva" pero que el Gobierno en pleno dimitirá si se intenta paralizar la reforma.

El Gabinete, lo que vale tanto como decir Yeltsin, sostiene que los poderes excepcionales son imprescindibles para que la reforma económica obtenga resultados positivos. Otro viceprimer ministro, Alexandr Shojin, aseguró el sábado por la noche, ante una multitud reunida en la plaza Roja de Moscú en apoyo de la política del presidente, que el Gobierno lanzará hoy un llamamiento al Congreso para que revise "algunas de las disposiciones" adoptadas el sábado. "Queremos", indicó, "que los sacrificios que ha hecho el pueblo hasta ahora en aras de la reforma no sean en vano".En medios políticos moscovitas se estima que lo que se aproxima a un ultimátum promovido por el agresivo y joven equipo reformista se inscribe en una estrategia destinada a desembarazarse de un Congreso elegido hace dos años bajo el régimen comunista.

La resolución del Congreso, aprobada tras largos debates, con la introducción de 311 enmiendas, mantiene a Yeltsin tan sólo por tres meses los poderes extraordinarios que le permiten gobernar por decreto y compaginar la jefatura del Estado y del Gobierno, y le exige que, al cumplir ese plazo, presente un proyecto de ley del Gobierno y las candidaturas del jefe y de los componentes de éste.

Los frutos del cambio

Yeltsin no se oponía a tales medidas, pero pretendía retrasar hasta diciembre su entrada en vigor para dar tiempo a que sus medidas reformistas diesen los primeros frutos.

Yegor Gaidar y su equipo interpretaron la limitación como un recorte a su capacidad de realizar la reestructuración que consideran imprescindible para que Rusia salga del caos económico subsiguiente al desmantelamiento total de las estructuras de la antigua Unión Soviética.

La lucha de fondo que se desarrolla en el Congreso está directamente relacionada con lo que se supone que es el principal objetivo de la reunión: otorgar a Rusia una Constitución que sustituya a la comunista. Pero ¿de qué tipo?: ¿una presidencialista, como quiere Yeltsin, o una parlamentaria, como quiere la mayoría de los diputados? Muchos observadores estiman que la nueva Carta Magna no saldrá de esta sesión parlamentaria, sino que quedará para más adelante si Yeltsin y los suyos consiguen mañana que el macroparlamento revise su decisión. El presidente de la Cámara, Ruslán Jasbulátov, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo, al matizar que la resolución estaba "aprobada" pero que no se firmaría hasta hoy para que todos los diputados tengan ocasión de estudiar detalladamente las múltiples enmiendas introducidas.

Nadie pudo confirmar si a la reunión conjunta de ayer entre diversos miembros del Gobierno, del presidium y de los grupos parlamentarios asistió el propio Yeltsin. Si lo hicieron el secretario de Estado, Guennadi Burbulis, el consejero presidencial Serguéi Chakhrai, Jasbulátov y Gaidar.

En otro orden de cosas, la situación en Nagorni Karabaj (enclave armenio en territorio de Azerbaiyán) se ha agravado en los últimos días. Más de 160 personas murieron el pasado fin de semana como consecuencia de choques entre fuerzas azerbaiyanas y de las milicias de autodefensa armenias, según fuentes de Yereván. Los combates más violentos se desarrollaron el sábado en la población armenia de Maraga. La acción conjunta de la artillería y de vehículos blindados azeríes causó al menos 45 muertos entre la población civil, incluyendo a 35 mujeres, ancianos y niños. Supuestamente, 70 de los atacantes perdieron también la vida.

No muy lejos, en Osetia del Sur (al norte de Georgia), tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas como resultado de incursiones en varias aldeas de partidarios de Zviad Gamsajurdia, el presidente de la república forzado a dejar su puesto y huir el 6 de enero.