La búsqueda de un equilibrio

En el vertiginoso proceso de mutaciones del escenario político internacional, con los hitos del Consejo Europeo de Maastricht y de la desintegración de la Unión Soviética, pasa desapercibido el actual proceso que se desarrolla en un país para los españoles tan lejano como estable y modélico, Canadá.Sin embargo, el segundo Estado más grande del mundo después de la Federación Rusa se encuentra inmerso, desde que en junio de 1990 fracasó la puesta en práctica del Acuerdo Constitucional de Lago Meech, en un profundo, pacífico y democrático debate que pone en causa su identidad como nación. En el centro de ese debate, una cuestión principal: la independencia de la provincia de Quebec.

Las raíces del problema son antiguas y se remontan a los orígenes de la Confederación canadiense. Más recientemente, el tema saltó a la opinión pública internacional al unísono de la célebre proclamación gaullista de "Viva Quebec libre", y con el eco de los incidentes terroristas de 1963 y 1970, afortunadamente no repetidos. Hoy día, no obstante, el contexto internacional del problema es completamente distinto, realzando su interés. En efecto, en dicho contexto inciden factores de esencial importancia, como son la existencia de una zona de libre cambio entre Canadá y Estados Unidos, que se ampliará a México a través del North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA), las negociaciones GATT, cuyo fracaso puede conducir a una regionalización de la economía mundial, la eclosión nacionalista en Europa del Este y, naturalmente, el proceso de integración europea. Muchos europeos se preguntan cómo es posible que se ponga en causa en Canadá una unidad política que es objetivo ideal perseguido por Europa.

En Maastricht se abrió el camino hacia una "unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa", y la Unión Económica y Monetaria se consagró como el instrumento a corto plazo más eficaz para avanzar hacia ese objetivo. Canadá posee desde 1867 ese carácter federal que no fue posible introducir, ni siquiera como vocación, en el nuevo Tratado de la Unión Europea.

Como observa el Gobierno de Ottawa, en el documento de presentación de sus propuestas provisionales de reforma constitucional, la CE evoluciona hacia el objetivo de asegurar ciertos beneficios derivados de la integración económica, de los que Canadá ya disfruta.

Así, las cuatro libertades económicas están aseguradas en el Constitution Act de 1867. Con el tiempo, Canadá ha ido creando una serie de mecanismos que aseguran un cierto grado de coordinación económica entre las provincias, especialmente en materia fiscal. Por la vía fiscal, a través del sistema llamado "de perecuación", Canadá ha logrado su particular cohesión económica y social. Como proclama el Consejo Económico de Canadá, la coparticipación de las provincias en los costes y beneficios es uno de los pilares básicos de la nacionalidad canadiense.

En materia de política social no hay una unificación de políticas, pero sí una armonización a través de la introducción de criterios nacionales. La introducción de estos criterios o normas debe ir acompañada de la correspondiente financiación federal, a través del llamado "poder de gasto" del Gobierno central, que es considerado como un medio de distribución equitativa entre las provincias de las ventajas de la unión económica y como un método eficaz de corrección de las disparidades regionales. Por lo demás, la moneda única es acervo canadiense desde el nacimiento de la Confederación.

No obstante, el modelo europeo de Unión Económica y Monetaria es contemplado como una vía para mantener la provincia de Quebec dentro de la Federación canadiense. Curiosamente, dicha Unión no sólo es objetivo de los defensores del federalismo, sino también de los nacionalistas de Quebec, que desean la negociación de dicha Unión desde una posición soberana; tal como ha funcionado el proceso de integración europea.

Derechos ciudadanos

Pero ante la realidad del sistema federal canadiense, cabe preguntarse por qué muchos aspectos de las propuestas del Gobierno de Ottawa tienen una fuerte inspiración de la Europa comunitaria.

En el ámbito político, llama la atención un aspecto que fue objetivo español para Europa logrado en Maastricht, la ciudadanía. La ciudadanía canadiense consagrada en la Carta Constitucional de Derechos y Libertades incluye, lógicamente, los elementos principales de la ciudadanía europea, además de otros varios derivados del carácter federal del Estado. Sin embargo, el Gobierno de Ottawa ha considerado necesario proponer la inclusión en la Constitución reformada de una cláusula llamada "Canadá", encaminada a reafirmar la identidad y aspiraciones del pueblo canadiense, identidad que "se nutre de las características particulares de las provincias".

En el ámbito económico, según estimaciones de la Asociación Industrial Canadiense, admitidas por el Gobierno, existen hoy día por lo menos 500 obstáculos a la consecución plena de las cuatro libertades económicas, que producen un coste anual de 6.000 millones de dólares canadienses. Por esta razón, el Gobierno propone reforzar constitucionalmente el objetivo de la supresión de los mencionados obstáculos.

Por otra parte, Ottawa propone un nuevo procedimiento de coordinación económica que termine con las actuales incongruencias entre las políticas provinciales y la federal, basado en la colaboración con los gobiernos provinciales para la elaboración de directrices que se incorporarían a una legislación especial en materia de unión económica.

Por lo que se refiere a la política monetaria, que en opinión del Gobierno sólo puede ser delineada a nivel nacional, se ha considerado necesario que ésta se oriente a contener y a absorber la inflación para conseguir una gradual estabilidad de precios.

Reforma constitucional

Desde el primer momento, el Gobierno federal canadiense ha buscado un equilibrio en el proceso de reforma constitucional, el equilibro que hizo posible Maastricht. La posibilidad de un opting out se ofrece a las provincias que no aprueben la legislación especial en materia de unión económica. Dicha posibilidad aparece asimismo en materia de política social, con una compensación financiera para aquellas provincias que pongan en marcha sus programas con objetivos equivalentes a los de los programas federales rechazados.

A pesar de estas redes de seguridad, las propuestas federales de refuerzo de la unión económica y monetaria canadiense han recibido fuertes críticas que obligarán al Gobierno a su reformulación y a acentuar la búsqueda del equilibrio en el actual proceso de negociación constitucional, para la realización plena de las libertades económicas, la consecución de la coordinación macroeconómica, el reparto de competencias federal-provinciales, la representación provincial en el nuevo Senado y la definición de la propia identidad canadiense.

El mantenimiento de su propia unidad es el gran desafío para Canadá en su 92, año del 1250 aniversario de su nacimiento como Estado federal. El plazo es fijo y viene dado por la celebración de un referéndum en Quebec el próximo mes de octubre. A esa consulta los nacionalistas acudirán con su propia interpretación de Maastricht: la unión económica y monetaria no exige, como lo pretenden los federalistas, una unión política. En todo caso, la fórmula final puede ofrecer el interés de su originalidad, tanto en una solución federal como en una alternativa a la misma que podría responder a la pregunta refrendaría, sugerida por un político de la máxima relevancia: "¿Desea usted una estructura política basada en dos Estados soberanos asociados en una Unión Económica responsable ante un Parlamento elegido por sufragio universal?".