Iruin medio en el pago del rescate de un industrial secuestrado por ETA, según Garzón

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha elevado al Supremo una nueva acusación contra el senador de HB Íñigo Iruin por colaborar con ETA. Según Garzón, el parlamentario de HB medió en el pago del rescate del industrial secuestrado por ETA Adolfo Villoslada, quien finalmente pagó a plazos tras su liberación durante casi dos años. Fuentes jurídicas han señalado que representantes de la familia Villoslada escribieron una carta a ETA en una máquina de escribir del despacho de abogado de Iruin en San Sebastián y que el senador de HB la hizo llegar a los terroristas.

Ésta es la segunda acusación que en el plazo de apenas un mes se dirige contra Iruin por colaboración con ETA, después de que el juez Carlos Bueren lo relacionase con el cobro del impuesto revolucionario a dos empresarios vascos.Las actuaciones enviadas por Garzón al Supremo se refieren a una entrevista mantenida el 26 de marzo de 1991 por el abogado de la familia Villoslada y un hermano del secuestrado con el letrado Iñigo Iruin en su despacho de San Sebastián. Según las fuentes jurídicas consultadas, en esta entrevista se redactó una carta dirigida a ETA en una de las máquinas eléctricas del despacho. Esta carta fue entregada a íñigo Iruin, quien presuntamente la hizo llegar a ETA.

En la carta dirigida a ETA, el hermano del secuestrado Adolfo Villoslada y el abogado de la familia, Ángel Ruiz de Erenchun, negaban haberse demorado en los pagos fraccionados del rescate y recordaban que el último compromiso alcanzado por ambas partes era de realizar un pago único de 75 millones de pesetas, que modificaba un acuerdo anterior. Finalmente, solicitaban una entrevista personal con algún interlocutor de ETA.

El secuestro de Adolfo Villoslada en noviembre de 1989 conllevó una ardua negociación de la familia con la organización terrorista para rebajar el precio del rescate fijado por ETA. En marzo de 1990 el abogado de los Villoslada, Ruiz de Erenchun, consiguió un acuerdo de pagar 125 millones aplazados en dos años, que finalizarían en marzo de 1992. Este acuerdo se iba a materializar en siete pagos de 15 millones y uno final de 20. Poco tiempo después, y como consecuencia de la crisis del sector de la empresa de Villoslada, la familia anunció que no podía pagar y llegó a un nuevo acuerdo de un pago único de 75 millones con posterioridad a la liberación. Villoslada fue liberado el 16 de febrero de 1990. El pago del rescate se produjo el 17 de agosto de 1990.

Carta amenazante

En febrero de 1991, ETA remitió una carta amenazante a la familia en la que le dice que no ha cumplido sus compromisos. Para solucionar este nuevo problema Ruiz de Erenchun y un familiar de Villoslada acuden al despacho de Iruin donde escriben una carta que éste hace llegar a ETA. Finalmente se acuerda con los terroristas un pago final de 25 millones.Tras dejar la carta en poder de Iruin, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, José Carlos Apesteguía Jaca, al parecer por orden de ETA, entró en contacto con el abogado de la familia Villoslada en el hotel Castillo de Beasaín. Este contacto se mantuvo en junio de 1991, dos meses y medio después de haber estado en el despacho de Iruin. José Carlos Apesteguía, alias Peio Bilbao, y Luis Manuel Idarraga Gorostiaga, intervinieron después, según sus propias declaraciones tras ser detenidos, en la recepción material de 25 millones, resto del pago del rescate, en el aparcamiento de la Plaza Easo de San Sebastián, el 18 de julio de 1991.

Tanto Peio Bilbao como Luis Manuel Idarraga aparecen en las diligencias enviadas el pasado febrero al Supremo por el juez Carlos Bueren como responsables del grupo de finanzas de ETA en la zona. Según aquellas actuaciones, dos empresarios acudieron al despacho de Iruin y siguieron instrucciones de éste hasta entrevistarse con Peio Bilbao.

Iruin ha venido respondiendo a todas estas acusaciones, señalando que su actividad mediadora en el pago del impuesto revolucionario fue por "razones de humanitarismo". Ayer, el parlamentario de HB no quiso ni confirmar ni desmentir la existencia de la reunión de marzo de 1991 en su despacho en la que supuestamente se redactó la carta para ETA.

"Lo que tenga que decir sobre este asunto, ya lo diré en su momento, porque no conozco todavía el documento judicial de que me habla, ni los hechos de los que se me acusa", dijo.

Txerna Montero, abogado de Iruin, declaró ayer sobre esta nueva acusación: "Estoy convencido de que el senador Iruin podrá dar, cuando conozca el documento judicial, una explicación sobre estos hechos y probar su inocencia".