El riesgo de sanciones se cierne sobre Libia tras su negativa a entregar a los sospechosos de Lockerbie

Libia parece haber elegido el camino de Irak en su conflicto con las Naciones Unidas y las potencias occidentales. La decisión del Gobierno de Muammar el Gaddafi de condicionar la entrega de los dos sospechosos del atentado contra el avión de Lockerbie abre la posibilidad de inmediatas sanciones internacionales contra Trípoli, según han advertido fuentes norteamericanas y de la ONU.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Thomas Pickering, aseguró ayer que el Gobierno libio pretende incumplir la resolución de la ONU que le obliga a colaborar en el esclarecimiento del atentado. Pickering pretende que la ONU discuta la posibilidad de sanciones contra Libia antes de este fin de semana.El presidente de turno del Consejo de Seguridad, el venezolano Diego Arría, comentó a EL PAÍS que la actitud de Libla "obliga al Consejo a retomar el curso normal de la revisión del caso por incumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad". Arría tiene previsto convocar al Consejo para conversaciones informales mañana, viernes, con la expectativa de que se tome una decisión sobre las sanciones el próximo lunes.

Fuentes diplomáticas describieron el ambiente en la ONU como "muy malo" contra Libia, y aseguraron que los miembros del Consejo de Seguridad sienten que "Gaddafi les ha tomado el pelo".

En Londres, un portavoz del Ministerio británico de Exteriores declaró que, ante la negativa de Libia a entregar a los sospechosos, el Reino Unido "procederá con nuevas acciones en las Naciones Unidas".

La comisión de la Liga Árabe que discutió el martes el asunto con las autoridades libias salió de Trípoli con las manos vacías. Después de que Libla anunciara en Nueva York que estaba dispuesta a entregar a los dos sospechosos a esa organización, el Gobierno de Trípoli dijo a la delegación árabe que sólo los entregaría después de conocerse el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, que se reúne hoy para estudiar el caso, y a condición de que no sean después entregados a ninguno de los países occidentales que los reclaman.

Estados Unidos y el Reino Unido sostienen que los dos sospechosos del derribo del avión de Pan Am en el que murieron 270 personas en 1988 en Lockerbie (Escocia) deben ser entregados inmediatamente para ser juzgados en Washington o Londres, independientemente de cuál o cuando sea la decisión del Tribunal de La Haya. El fallo de ese organismo puede tomar meses o años. El último conflicto que se estudió en La Haya, el de Nicaragua contra Estados Unidos, fue presentado en 1984 y resuelto en 1991.

193 acusaciones

En el caso del avión de Lockerble, Libia se acoge a la Convención de Montreal de 1971 sobre actos ¡legales cometidos contra la seguridad de la aviación civil. Sostiene que esa convención no le obliga a entregar a los dos agentes libios sospechosos del atentado, Abdel Baset Alí al Megrahi y Lamen Jalifa Fimá, que tendrían que hacer frente en Washington a 193 cargos en su contra, incluidos tres por los que podrían ser condenados a muerte.Washington y Londres consideran que Libia no puede apelar a ese tratado porque en ese país no existen tribunales independientes y fiables para juzgar a los dos agentes, por lo que la justicia tiene que aplicarse en los países afectados por el múltiple crimen.

Estados Unidos y el Reino Unido consiguieron el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, que acordó el pasado mes de enero una resolución en la que se exigía a Libia la entrega de los implicados en el caso de Lockerbie, así como la colaboración en el esclarecimiento de otro atentado contra un avión francés que cayó sobre Níger en 1989, con 171 personas a bordo.