"El Gobierno quiere regresar a un fiscal que le represente"

Las recientes tensiones entre el Consejo Fiscal y el Ministerio de Justicia a propósito de un informe dirigido al presidente del Gobierno dándole cuenta de las insuficiencias de las fiscalías, ha sido la última frustración del temente fiscal del Supremo.Pregunta. ¿Ha habido diferencias acusadas entre los tres ministros de Justicia socialistas con los que ha coexistido?

Respuesta. Desde la llegada de Fernando Ledesma se produjo un intento de recuperar la posición preconstitucional del Ministerio Fiscal como representante del Gobierno ante los tribunales. Sorprendió que Ledesma, que era fiscal, defendiera que el Gobierno dirigiera el Ministerio Fiscal. El incremento progresivo de la presión se mantuvo en época de Enrique Múgica, porque permaneció el mismo equipo ministerial. Tomás Quadra-Salcedo inicialmente parecía que podía representar una quiebra de esa situación, pero los últimos acontecimientos indican que se mantiene la tendencia...

P. El Consejo Fiscal se ha declarado incompatible con un Ministerio de Justicia que desconoce la realidad y necesidades de las fiscalías. ¿Qué salida hay?

R. Nosotros denunciamos la utilización de los mecanismos administrativos que constitucionalmente corresponden al Ejecutivo en una dirección no objetiva, sino política. Creo que la salida es la imposición de la racionalidad frente a actitudes que deben resolverse con la objetividad y eficacia que exige el artículo 103 de la Constitución.

P. Los problemas de intendencia apuntan a un problema más hondo: ¿se siente la carrera fiscal divorciada del Gobierno?

R. Yo no diría tanto como divorciada... Lo que sí sentimos es que el Ejecutivo no tiene la sensibilidad que debería respecto a una institución fundamental en un Estado de derecho para el mantenimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Además, se nos están imponiendo cargas cada vez mayores, lógicamente en función de nuestra posición constitucional, y sin embargo, no se nos dan los medios para cumplirlas, con lo cual la eficacia no es suficiente y vamos al fracaso.

P. Ustedes hablan de independencia e imparcialidad, pero cuando se resfría el Gobierno, el Ministerio Fiscal estornuda y cuando el jefe del Ejecutivo mira hacia un sitio, el fiscal general corre en esa dirección. Ahí está el caso Guerra o las querellas contra El Mundo o dirigentes de HB.

R. Hay que distinguir dos cosas. El fiscal general es un cargo de confianza del Gobierno que debe estar en sintonía con las preocupaciones de éste, en cuanto afectan al interés público. Otra cosa es una cierta cultura de destacar ante la opinión pública ese propósito de dominio sobre el Ministerio Fiscal. Por cierto, el presidente del Gobierno utiliza el término legal, "interesar del fiscal general del Estado, mientras algunos ministros se permiten hablar de dar órdenes al fiscal, que luego oficialmente no llegan.

P. ¿En qué proporción se deniega lo que pide el Gobierno?

R. Hace varios años, antes de que se publicara el Código Penal Militar, el ministro de Defensa envió abundantes mociones para que iniciáramos acciones por supuestas injurias, desacatos u otras manifestaciones de la libertad de expresión hacia las Fuerzas Armadas, que en su 90% fue ron rechazadas. En cuanto a las dentincias de otros ministros, aproximadamante un 75% se atienden y un 25% se rechazan.

P. Usted participó en 1980 en la elaboración del borrador de Código Penal. ¿Qué echa de menos en el anteproyecto de 1992?

R. Acaso entonces se profundizó más en los delitos socioeconómicos o de cuello blanco.

P. ¿Cree que si tales delitos hubieran estado en vigor, casos como los de Banca Catalana o Ibereorp habrían podido eludir la sanción penal?

R. Pues creo que no. Desde luego, con el texto de 1980 no. Aquel borrador penalizaba el tráfico de influencias, la información privilegiada y los abusos de los dirigentes respecto a los accionistas, con lo que se habría saneado mucho la actuación de los agentes económicos.

En cuanto al aborto

P. La ponencia de 1980 se hizo eco de la ley de plazos para la despenalización del aborto. ¿Cuál cree que es, 12 años después, la solución correcta?

R., Nosotros al final avalamos las indicaciones, pero el Gobierno las quitó, por razones electorales. Hoy creo que habría que dar un paso más, que sería la ley de plazos, aunque tengo mis dudas sobre su constitucionalidad, porque fue rechazada por el Tribunal Constitucional alemán.

P. ¿Qué justificación jurídica tiene el delito de difamación, no previsto en 1980 ni en 1983?

R. Si se opta por la vía penal, yo no veo que el delito esté definido de forma desviada, en lo que se refiere a la difamación contra particulares, porque hay que conciliar la libertad de expresión e información con el respeto a la dignidad de la persona. En cambio, ese mismo tipo penal, trasladado al comentario de la acción política, es más discutible, porque creo que esa crítica es esencial en una democracia.