El pacto autonómico transfiere competencias por valor de un billón y 240.000 funcionarios

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Castillá y León, Cantabria, Asturias, Murcia, La Rioja, Extremadura, Madrid, Aragón y Baleares -todas las del artículo 143 de la Constitución, excepto Canarias y Comunidad Valenciana- dispondrán de nuevas competencias valoradas en un billón de pesetas y 240.000 funcionarios como consecuencia de¡ pacto autonómico. La transferencia de más valor es educación, aunque su traspaso definitivo requerirá unos cuatro años.

La transferencia de educación supone casi el 100% del valor de lo traspasado, pues la segunda transferencia en importancia, la del Instituto de Servicios Sociales (Inserso), está valorada en 30.000 millones y el resto de las 32 competencias, recogidas en el pacto autonómico, son global mente de coste menor. "Desde el momento en que se realice la transferencia de Educa ción", según el secretario de Es tado para las Autonomías, Francisco Peña, "el Ministerio de Educación ya no se tendrá que preocupar, por ejemplo, si en octubre hay aulas suficientes en el Instituto de Enseñanza Media de Galapagar. Esa tarea corresponderá a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia de la gestión de los servicios. Lo mismo en las otras nueve auto nomías. El ministerio se reserva rá la tarea de analizar si los con tenidos de la enseñanza son adecuados, de la homologación de los libros de unas comunidades con otras, del diseño, en definitiva, de la política educativa en un sistema único y homologable". Las nuevas reglas de juego del pacto autonómico establecen que el diseño de la política educativa se realizará a través de la negociación entre el Gobierno y los representantes de las autonomías. Pero la planificación de los medios docentes -edificios- y la de medios personales -oposiciones del profesorado- corresponderá a las autonomías.

Otro tanto sucede con el Inserso, la segunda competencia en la valoración económica -30.000 millones- del paquete de 32 traspasos. También, en este caso, a las comunidades autónomas corresponderá la gestión de los servicios lo que se traduce, por ejemplo, en establecer la cuantía en la distribución de las ayudas a la tercera edad, y a los grupos marginados en general. A la Administración central le corresponde el establecimiento de las condiciones para el ejercicio de la competencia: la determinación de las prestaciones del sistema y de las condiciones requeridas para ser beneficiario.

Competencias políticas

Dentro del paquete de 32 nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas, las que tienen un significado de más alcance político son: casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas mutuas deportivo benéficas y loterías nacionales; las cooperativas; prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación; las fundaciones, y las normas adicionales de protección del medio ambiente.

Así, la gestión de los casinos, juegos y apuestas por parte de las comunidades autónomas les permite disponer de importantes recursos económicos y el establecimiento, por ejemplo, de la política de máquinas-tragaperras. También podrán las comunidades autónomas decidir la potenciación o no del régimen cooperativo o la distribución de las ondas de radio o de los permisos de prensa en su territorio.

Las nuevas competencias que asumen las diez autonomías reguladas por el artículo 143 de la Constitución les acerca a Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía -configuradas conforme al artículo 151 de la Carta Magna- y a Navarra, que dispone de régimen propio. "Hemos hecho a la vez absurda y cierta la frase de café para todos-, manifiesta el secretario de Estado, Francisco Peña, que lo argumenta del siguiente modo: "Cierta porque las autonomías del 143 se acercan en poder a las de mayor techo, y absurda porque cada una tiene sus peculiaridades y su funcionamiento propio".

Las diferencias entre unas y otras radican en estos momentos en la competencia policial y la sanidad. "A largo plazo, no va a haber diferencias entre unas y otras autonomías en lo que se refiere a su titularidad jurídica sino en el propio ejercicio de sus competencias" señala Peña.