Campos desiertos

Durante los últimos años, desde el ingreso de España en la CE en 1986, el sector agrario perdió cerca de 500.000 ocupados, según los datos de la encuesta de población activa. Oficialmente, este elevado número 1 de abandonos se interpreta como el resultado del natural proceso de adecuación de estructuras en un campo con una población envejecida y, en parte, un ajuste estadístico en un sector donde no se sabe exactamente cuál es el número de agricultores.

Para el conjunto de las organizaciones agrarias, el sector está sufriendo desde hace ya varios años un duro proceso de reconversión encubierta sin que hasta el momento la Administración haya tomado medidas que estas organizaciones estimen suficientes.Las actuales condiciones contenidas en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y las que se derivan de las exigencias estadounidenses en el seno del GATT para liberalizar los mercados agrarios, son dos factores nuevos que pueden suponer en los próximos años el desmantelamiento de docenas de miles de explotaciones menos competitivas en el marco de la CE y especialmente en España, para dar lugar a un sector agrario subsidiado.

La Política Agrícola Común (PAC), a la que en los últimos años se ha destinado casi el 60% del presupuesto comunitario, se mantiene como el eje de la política en la CE. Su constitución y desarrollo se produjo en las dé cadas de los años cincuenta y se senta y tenía como principal ob jetivo apoyar con importantes ayudas una agricultura entonces insuficiente para atender las necesidades de la demanda interior. Estas actuaciones dieron lugar a que se pasara de una CE deficitaria en productos agrícolas, a otra Comunidad Europea fuertemen te excedentaria donde los gastos del Fondo de Ordenación y Ga rantía Agrícolas (FEOGA) para comprar excedentes y primar las exportaciones pasaron de 11. 300 millones de ecus en 1980 a 32.000 millones de ecus en 1991, que equivalen a cerca de cinco billo nes de pesetas.

Recortar producciones

Los responsables de la Comisión de la CE constataron en los últi mos años de la década de los ochenta que ese fuerte aumento de los gastos no estaba suponien do una mejora en las rentas agra rias, ya que el 80% de los fondos se lo repartían el 20% de las ex plotaciones y que se producía en muchos casos sólo para la intervención. Con el fin de corregir esa situación excedentaria, espacialmente en productos como leche, carne y cereales, en 1988 se pusieron en marcha algunas medidas conocidas como estabilizadores con el fin de reducir producciones y limitar las compras en intervención. El fracaso de estas medidas, así como la presión estadounidense para bajar precios y liberalizar mercados en el seno del GATT, dió lugar el pa sado año a la propuesta de reforma de la PAC, actualmente en debate en Bruselas.

Teóricamente, esta reforma tiene como objetivo, desde el punto de vista presupuestario, contener los gastos agrarios y redistribuir los fondos entre las explotaciones agrarias de la CE para que no sea una minoría en la Comunidad norte quien se lleva la parte más importante. En lo que afecta a la política de producciones y mercados, la reforma se ha diseñado hasta el momento solamente para algunas producciones como los cultivos herbáceos, vacuno de leche y de carne, ovino y tabaco.

Esta reforma plantea, entre sus principales objetivos, una limitación de las producciones y un recorte de excedentes en base a medidas como abandono de tierra, laboreo extensivo, reforestación, jubilaciones o ceses anticipados. En política de precios, la reforma, ante las exigencias estadounidenses en el seno del GATT, propugna un recorte de los precios a los niveles de los mercados internacionales, reducción que según la CE se compensarán con ayudas directas a la explotación según sus rendimientos. Frente a una Comunidad que se hacía cargo de todos los excedentes, la reforma propugna una reducción de los niveles de intervención y eÍl juego del mercado libre, lo que va a favor de las agriculturas más competitivas o con mayores rendimientos, mientras quedarían fuera de juego las explotaciones menos favorecidas.

Las mayores dificultades para operar en unos mercados libres pueden provocar que las agriculturas o explotaciones menos competitivas y los activos mayores de 50 años, que en España suponen e 142,3%, se inclinen más al abandono subsidiado que por hacer frente a un futuro incierto.

En líneas generales, la reforma de la PAC, negativa para el conjunto de los agricultores comunitarios será más negativa para España ante la existencia de unos menores rendimientos por explotación. En cereales, frente a unos rendimientos medios en España de 2.500 kilos por hectárea (Ha) la media comunitaria supera los 5.000 kilos. La producción de leche por animal no llega en España a los 4.000 litros mientras en la CE hay una media superior a los 5.000 litros. En vino, la media española es de 30 hectolitros por hectárea mientras en el resto de la CE supera los 60 hectolitros.

A estos problemas de rendimientos se suman los mayores costes de producción en España, especialmente los financieros, el minifundismo de las explotaciones así como la carencia de, estructuras en los procesos de comercialización.

Medios agrarios dudan de que la actual propuesta de reforma vaya a lograr reducir gastos y sobre todo, una redistribución de los mismos en beneficio de las agriculturas más pobres.