Los partidos piden una ley de huelga entre la autorregulación sindical y el proyecto del Gobierno

La mayoría de los partidos políticos se inclinan por un modelo de normativa de huelga mixta que se sitúe entre la autorregulación propuesta por los sindicatos UGT y CC OO y la Ley que propone el Gobierno. Ante las manifestaciones del Gobierno de que la futura norma será consultada con los agentes políticos y sociales en los próximos días, los partidos coincidieron plenamente en que una norma de esta trascendencia requiere un alto grado de consenso.PSOE y CDS coinciden en que debe ser el Gobierno y no los sindicatos los que deben regular la huelga mientras que el PP criticó que la norma llega demasiado tarde. Por su parte, Izquierda Unida aboga por la regulación administratva allí donde no lleguen los sindicatos mayoritarios y el PNV señala que es preferible la incomodidad que conlleva una huelga "al ejército conduciendo los camiones".

El secretario general de UGT, Nicolás Redondo, afirmó ayer en Orense que el proyecto de ley de huelga "en el contexto en el que se anuncia no deja de ser coercitivo" y añadió que "nos preocuparía que limitase las libertades y los derechos de los trabajadores". Redondo afirmó también que el proyecto de ley de huelga "nos preocupa pero en este momento hay otras prioridades. Cuando sepamos su contenido obraremos en consecuencia". El secretario general de la UTG señaló que el próximo día 4 de marzo se entrevistará con el presidente del Gobierno, Felipe González, "para expresarle la preocupación por la situación industrial y la falta de una política activa del Gobierno para afrontarlo."

La Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras hizo ayer público un comunicado en el que dice que la autorregulación debe entenderse como el compromiso del sindicato o sindicatos convocantes de cubrir unos determinados servicios mínimos esenciales, realizar la convocatoria con la antelación suficiente y ejercer el derecho de huelga en determina dos periodos "en atención a los usuarios". El sindicato advierte que no "tolerará salidas de tono antidemocráticas" y añade que el Gobierno anuncia el nuevo proyecto de ley con una vocación "claramente restrictiva ahora que soplan vientos autoritarios tras los conflictos de transporte en Madrid".

Por otro lado, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Antonio Gil Merino dijo ayer que el Gobierno "debería tener en cuenta las opiniones de los sindicatos y del resto de los sectores sociales afectados.