Hace falta un equipo más político

F. M. Dos años más de mandato ofrecen a Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, la oportunidad de estrenar el mercado único que él inventó y tiempo para ultimar la preparación de la unión monetaria, un reto que culmina su visión del reforzamiento de la Comunidad Europea. La unión política es una tarea a más largo plazo.

El Tratado de Unión Europea, aprobado el 11 de diciembre en la cumbre de Maastricht, ha servido para redefinir las prioridades de Europa. Del origen de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero o de la historia acumulada de una política agraria que todavía absorbe más de la mitad del presupuesto, la nueva Comunidad Europea (CE) pondrá el acento en una política exterior reforzada, en el mercado único y en mejorar la competitividad de la industria para disputar mercados a Estados Unidos y Japón. A ello se añade el objetivo de lograr una mayor cohesión económica y social como compensación a los países de la periferia por el impacto desigual que tendrán sobre las economías tanto el mercado único como la unión monetaria.

Para hacer frente a esos retos, la Comisión Europea, cuyo mayor poder reside en tener el monopolio de la iniciativa legislativa, cuenta con la misma maquinaria burocrática que heredó Delors cuando asumió el cargo en 1985. El futuro Ejecutivo de la CE necesita dotarse de un equipo más político y la estructura funcionarial no tiene más remedio que adaptarse a las nuevas prioridades. La reforma implica cambios de influencias en el reparto de poder que tienen hoy los Doce dentro de la CE. Cambiar la casa por dentro, introducir una gestión moderna y modificar el peso que con el paso del tiempo ha adquirido cada dirección general es un complicado ejercicio que el presidente de la Comisión Europea es reacio a abordar por la dimensión de este problema suplementario.

Pocos españoles

La situación exige soluciones urgentes para un funcionamiento eficaz de, la CE, pero el necesario reparto de poder entre los Doce a la hora de nombrar comisarios y altos cargos será un pacto difícil. Madrid quiere replantearse por enésima vez la asignatura pendiente de la escasa presencia española en los órganos de poder de la Comisión.

A España le correspondería un mínimo de cuatro direcciones generales, pero sólo tiene dos, y una de ellas -la de Asuntos Sociales, fruto de un cambio por la de Transportes- está a la espera de la jubilación del actual director general belga.