El ex presidente "responde"

C. V., El dictamen de la comisión investigadora de Renfe incluía en su redacción original 17 consideraciones y ocho conclusiones. Una de ellas, la sexta, pretendía afirmar que la comisión consideraba que las operaciones de compraventa de terrenos por Renfe "se han producido en condiciones de control administrativo insuficiente". Con esta fórmula y una descripción de irregularidades se pretendía soslayar el tema de la responsabilidad que incumbe al ex presidente de la compañía García Valverde.

Desde el principio los esfuerzos de la oposición se centraron en llegar más lejos y, tras una tentativa fallida, el PSOE introdujo una nueva conclusión que fue la que consiguió el respaldo de los grupos nacionalistas y del representante canario Luis Mardones. Esta enmienda transaccional, que obtuvo 181 votos a favor, 126 en contra (PP, IU y CDS) y una abstención, fija, definitivamente, la responsabilidad de lo ocurrido en los siguientes términos:

"La comisión considera que el diseño general de la iniciativa analizada, en los términos descritos en la consideración tercera, contaba con el acuerdo de las administraciones competentes afectadas, sin que exista constancia documental explícita del mismo ni del nivel en que se produjo". "El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones y el presidente de la Comunidad de Madrid [se evita nombrar personalmente a Barrionuevo y Leguina] no tuvieron más conocimiento que el referido a los contenidos generales ya mencionados".

"El presidente de Renfe [de nuevo se evita nombrar a García Valverde y a sus colaboradores] nombró a su asesor inmobiliario y ordenó a Equidesa, a través de la dirección general adjunta del grupo empresarial, la ejecución de la operación, no teniendo en ningún momento conocimiento de las circunstancias concretas en que se produjeron las actuaciones, ni fue informado -por ninguno de los responsables- de las posibles anomalías de las mismas. A aquella cuestión, pues, queda limitada la actuación de la que responde el presidente de Renfe".

Envío al fiscal

La única conclusión que obtuvo la práctica unanimidad de la Cámara fue la novena, en la que se afirma que Ios hechos investigados y las irregularidades observadas en el curso de la investigación y recogidas en estas conclusiones deben ponerse en conocimiento del ministerio fiscal, de los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, así como del Ministerio de Justicia". La votación de este apartado se resumió en 308 síes y un no que, sin duda, por los gestos que hizo desde el escaño, respondió a un error del diputado de Eusko Alkartasuna, Joseba Azkárraga.