Cartas, becas, altas y bajas
Las auditorías que la Administración realiza sobre los servicios que presta son internas. Esta doble condición de juez y parte, unida a la ausencia de publicidad de sus conclusiones, resta operatividad a estos procedimientos, según Adolfo Varela, de la Unión de Consumidores de España (UCE). Sólo los sindicatos han tenido conocimiento de algunos resultados de las auditorías. Las asociaciones de consumidores tampoco intervienen, aunque han conseguido que el Plan de Modernización recoja alguna propuesta de su Carta de Derechos de los Ciudadanos, como la referida a la identificación de los funcionarios.Consumidores y Administración central difieren notablemente sobre el análisis de la gestión de Correos, uno de los servicios que más quejas suscita en España. El incremento de reclamaciones por su deficiente funcionamiento alcanza un índice notable: un 27%, según reconoce la Inspección Operativa de Servicios (IOS). La lista de puntos negros que denuncia la IOS en este servicio es una de las más amplias: apenas hay funcionarios dedicados a informar al público, demasiadas ventanillas, colas de espera y ausencia de gestión informatizada.
Cartas sin fecha
La IOS advierte de la falta de medidas de seguridad en 19 de las 20 oficinas que ha inspeccionado, lo que pone en evidencia que la mayoría de los despachos de Correos, donde se manipulan y almacenan efectos de valor, están desprovistos de cualquier tipo de protección.
Respecto al tiempo medio que tardan los envíos postales, la auditoría registra un índice de 2,71 días. Esta cifra no concuerda con la ofrecida por la UCE, fruto de un estudio realizado sobre una muestra de 396 envíos cursados durante los meses de julio (3,97 días de media de retraso), septiembre (3,82), octubre (3,76), noviembre (4,01) y diciembre (4,44) del año pasado.
El capítulo educativo recoge un amplio listado de mejoras en la gestión del Ministerio de Educación, como el incremento de las becas universitarias (585.768) y la escolarización infantil (del 85,8% pasa al 96,9%) en 10 años o el descenso del número de alumnos por profesor en la enseñanza pública, que ha pasado de una media de 40 escolares por maestro a 30. Sin embargo, destaca entre los puntos negros el alto grado de interinidad de su personal (un 22% en el BUP y COU). Este índice es bastante común en los despachos de atención al público de organismos como la Seguridad Social. "Colocan en la ventanilla al último contratado, que no tiene gran idea sobre los trámites de altas y bajas de los trabajadores, así que nos hacen perder un tiempo hermoso", comenta el jefe de personal de una empresa radicada en Barcelona.
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