Una ley contra la Constitución
Los partidos vascos se oponen al nuevo tratamiento para delitos de terrorismo y narcotráfico en el anteproyecto de reforma del Código Penal y creen que puede afectar al contenido del pacto de Ajuria Enea. El PNV -y todas las fuerzas nacionalistas- cree que esta medida representará un retroceso en la lucha contra ETA, al dedicar a sus miembros un tratamiento diferenciado de otros delincuentes, y anuncia que defenderán su veto hasta el final en el terreno parlamentario y político. El diputado peneuvista Emilio Olabarría señala el apartado de las penas especiales para terroristas y narcotraficantes como "uno de los puntos negros de la reforma, uno de los grandes errores".El razonamiento, en el que coinciden los demás grupos, es que la Constitución "orienta las penas de prisión exclusivamente a la reinserción social del delincuente y no discrimina tipos de delitos, no expresa ninguna excepción a la regla general".
Por tanto, el hecho de que se calculen los beneficios penitenciarios sobre. el total de la pena y no sobre el máximo de cumplimiento de 30 años "es un puro eufemismo jurídico para impedir que a estos presos se les apliquen esos beneficios previstos por la ley".
