Polémica renovacion

EL TRIBUNAL Constitucional (TC) está padeciendo estos días los efectos de la denominada lógica del Estado d e partidos, la que se define por el reparto de poder por cuotas de representación parlamentaria. Una lógica que el propio Tribunal ha calificado en una sentencia como muy perniciosa para las instituciones que tienen encomendadas tareas de control y arbitraje entre poderes, si se aplica sin los debidos correctivos. La exacerbación de esta lógica ha provocado que no se cumpla el plazo -a cuyo término se llegó el 22 de febrero- para la renovación del cupo de magistrados del Tribunal (cuatro del total de 12, entre ellos su presidente), cuyo nombramiento corresponde al Rey a propuesta del Parlamento.La incorregible tendencia de los partidos mayoritarios, PSOE y PP, a utilizar la designación parlamentaria de los miembros de importantes instituciones del Estado como moneda de cambio en sus transacciones políticas, ha llevado a una situación que, como mínimo, supone una grave falta de consideración al TC y a los profesionales que lo integran. Es intolerable que tareas de las que depende de manera esencial la credibilidad del sistema político puedan supeditarse a objetivos coyunturales partidarios, por más defendibles que puedan ser,.como lo es, sin duda, la exigencia del Partido Popular de que TVE respete al máximo el pluralismo político en su labor informativa. ¿Pueden presentarse los conservadores como alternativa política regeneracionista si su comportamiento no se diferencia en absoluto del que atribuye y critica al PSOE?

Pero tampoco queda muy bien parado con estas actuaciones el prestigio del Parlamento. Sorprende la frivolidad con que sus grupos incumplen los plazos legales para formular sus propuestas de nombramiento -en el caso del TC, a partir de los cuatro meses anteriores ala fecha de designación de los nuevos magistrados- No hace mucho ocurrió algo parecido con la renovación de los consejeros del Tribunal de Cuentas: su reparto por el sistema de cuotas entre los partidos mayoritarios obligó a arduos tratos que provocaron un retraso de meses en su designación.

Esta situación -ruptura, momentánea o no ya se verá, entre el PSOE y el PP, y urgencia de proceder al nombramiento de los magistrados del TC- puede llevar a que, por primera vez, el procedimiento no se adapte a otros criterios que a los exclusivamente constitucionales, es decir, que los candidatos propuestos sean ante todo y por encima de todo juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. El acercamiento del PSOE a las minorías parlamentarias, especialmente a Izquierda Unida y al CDS -por la exigencia de la mayoría cualificada de tres quintos del Congreso, 210 diputados, que se requiere para la designación de magistrados del TC-, no ha sido en principio rechazado por dichas fuerzas políticas, pero a condición de que la elección sea abierta y transparente y el debate se'centre sobre una lista de candidatos prestigiosos e independientes.

Si ello es así se pondría fin a una práctica política nefasta que vulnera el espíritu de la Constitución, así como el derecho de los ciudadanos a conocer los criterios del Parlamento en la elección de las personas que fo rmarán parte de las altas instituciones del Estado. Y que, además, conduce a una paulatina degradación de los requisitos constitucionales exigibles a los candidatos. No hace mucho, el todavía presidente del TC, Francisco Tomás y Valiente, advirtió sobre la necesidad de que la renovación no correspondiera a cuotas de reparto entre las fuerzas políticas. Y dio buenas razones para ello: tal mecanismo devalúa la competencia técnica de los así nombrados, disminuye su independencia y socava su autoridad y legitimidad. Lo que procede ahora es que le hagan caso quienes tienen en sus manos esta grave responsabilidad.