Una investigación de vía estrecha

La investigación de la Asamblea de la Comunidad de Madrid sobre el caso Renfe ha quedado en vía estrecha. 15 altos cargos de la Administración central se han negado a comparecer ante la comisión investigadora. A sólo siete días de concluir sus trabajos, la comisión carecía de la mayor parte de la documentación solicitada, por lo que el pasado martes tuvo que prorrogar sus sesiones hasta el próximo 10 de marzo. Pero la investigación tiene ya un estrecho margen para avanzar.

Fuentes del Partido, Popular califican este cúmulo de dificultades como "una coña marinera", mientras que los socialistas se muestran confiados en conseguir su objetivo: que las conclusiones de la comisión muestren que ninguna autoridad autonómica conoció de antemano, o toleré, la compraventa de terrenos por Renfe en San Sebastián de los Reyes.Los representantes del PSOE resaltan, con irritación, que la reunión del presidente autonómico, Joaquín Leguina, y del consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, con el entonces presidente de Renfe, Julián García Valverde, para hablar de la construcción y financiación de la vía férrea de Madrid a San Sebastián de los Reyes tuvo lugar el día 6 de febrero de 1991, cuando las compras de terrenos se habían realizado entre febrero y mayo de 1990. Los socialistas arguyen además que la Comunidad de Madrid siempre ha recurrido a las expropiaciones para ejecutar sus proyectos inmobiliarios o industriales.

Pero el PSOE se ha amparado también en las limitaciones legales del Parlamento madrileño para conducir la investigación parlamentaria por la vía estrecha. Con el argumento jurídico de que ningún funcionario ni responsable político de la Administración central tiene obligación de responder ante un Parlamento autónomo, el pasado martes rechazaron pedir de nuevo la comparecencia de 14 altos cargos. La mayona de ellos -desde el ministro de Transportes, José Borrell, hasta la presidentq de Renfe, Mercé Sala, y el ex. asesor inmobiliario de esta compañía José Luis Pinedo- ni siquiera excusaron de antemano su inasistencia. Otros, como García Valverde o José Barrionuevo, ex ministro de Transportes, se remitieron a sus declaraciones en la comisión de investigación del Congreso. Pinedo pidió ayer comparecer porque, según él, no pudo hacerlo antes. Pero la Mesa del Congreso ha desestimado la solicitud de enviar esos testimonios a la Asamblea de Madrid, sobre la base de que los trabajos de sus comisiones de investigación son secretos, lo que ha asumido el propio PP en esa Cámara. Sus compañeros de la Asamblea madrileña invocan, por otra parte, el deber democrático de cualquier autoridad de colaborar con una institución parlamentaria. Una invocación, recuerdan sus adversarios, que no hicieron en la pasada legislatura cuando el entonces alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, y algún concejal del PP se negaron a comparecer ante el Parlamento autonómico.

La comisión investigadora no ha recibido todavía ni la auditoría de Renfe ni el informe del servicio jurídico del Estado ni la contabilidad de las empresas intermediarias en las compraventas ni sus declaraciones a Hacienda.

Su investigación, en la que han testificado los 28 representantes municipales y autonómicos y los ciudadanos particulares requeridos, tiene todavía menos perspectivas de avanzar tras un informe del servicio jurídico del Ministerio para las Relaciones con las Cortes. En él se advierte que esa Asamblea carece de competencia para exigir documentación a otras instancias que no sean la Comunidad.