A cada cual, su responsabilidad

LA EMERGENCIA de irregularidades en entidades financieras, que en no pocas ocasiones han sido calificadas de delictivas, se ha sucedido en los últimos años con preocupante frecuencia. No se puede justificar esta sucesión de escándalos en la inmadurez o ineficiencia de algunas de esas entidades, o en la relativamente rápida transición institucional de los mercados de capitales hacia esquemas propios de las economías más desarrolladas. Tampoco son válidos los contrastes con episodios similares en países de nuestro entorno.El reciente periodo de expansión económica ha estado caracterizado por una movilidad sin precedentes de la riqueza financiera, por una mayor actividad de los mercados bursátiles y, en definitiva, por alteraciones significativas en las relaciones entre la propiedad y el control de muchas empresas. Estos cambios no siempre han estado acompañados de la suficiente profesionalidad y de la catadura ética necesaria de quienes han protagonizado ese proceso.

Las presuntas irregularidades que se han puesto de manífiesto en el llamado caso Ibercorp vienen a añadirse a ese ya amplio catálogo de episodios. Y su trascendencia se ha visto ampliada por la aparente implicación de conocidas personalidades del mundo político y financiero, y, más concretamente, por la pretensión de hacer lo propio con el actual gobernador del Banco de España en algunas de las operaciones que esta sociedad ha realizado y cuya legalidad es cuestionada. La falta de evidencias de actuaciones que puedan ser tipificadas como ilegales por parte del gobernador no ha impedido que su persona y, por ende, la institución que preside se vean afectadas en su reconocido rigor y prestigio.

Parecen suficientes algunas de las informaciones hasta ahora conocidas para convenir, cuando menos, en la manifiesta heterodoxia que ha caracterizado la gestión de los responsables del grupo Ibercorp. La investigación abierta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) nos dirá si, además, esas personas han violado algunas de las obligaciones que la ley impone. Dos zonas de duda han de ser clarificadas por la CNMV: la posible desigualdad de oportunidades en las operaciones de venta de los accionistas de la sociedad Sistemas Financieros, que vinieron a engrosar la autocartera de ésta, a precio significativamente superior al que posteriormente regía en el mercado, y la insuficiencia o falsedad de la información cursada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sería algo más que una anomalía que sólo los accionistas más próximos a los gestores, incluidos algunos de éstos, hubieran dispuesto de la ventaja de venta de acciones. El suministro a la CNW de filiaciones incompletas (carentes, por ejemplo, del primer apellido de algunos de los titulares de esas transacciones) constituye igualmente otra seria irregularidad dificil de justificar en la repercusión de su público conocimiento; menos explicable todavía sería la utilización de nombres falsos o indebidos.

Sin menoscabo de la gravedad que estas prácticas de Ibercorp puedan tener, y de la necesidad de que la CNMV haga públicas cuanto antes sus conclusiones, la mayor trascendencia de este asunto radica en la adversa afectación a una de las más importantes instituciones del Estado que puede llevar consigo la falta de clarificación de las actuaciones de su gobernador. El ordenamiento vigente no impide que el máximo responsable del Banco de España sea titular de activos financieros, y mucho menos que su gestión sea encomendada a un tercero.

Ése es el caso de Mariano Rubio, quien, al parecer, había confiado la gestión de su patrimonio mobiliario a esa sociedad. Si esto es exactamente así, las presuntas irregularidades en la venta de acciones o en la transmisión de esa información por la sociedad gestora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no pueden atribuírsele a Mariano Rubio. Cualquier otra cosa son juicios de intención que tendrá que demostrar quien los hace.

El propio gobernador debería facilitar, e incluso tratar de anticipar, las averiguaciones qué sea preciso llevar a cabo sobre las circunstancias específicas de esa administración patrimonial -las condiciones por las que se rige esa delegación de, capacidades en la gesitión de esa cartera de valores, de la magnitud y com!posición de la misma, del grado de información de que dispusiera su titular- con el fin de eliminar cualquier sombra de duda sobre su participación en las actuaciones de Ibercorp, sobre su integridad como gobernador y su trayectoria como funcionario, hasta ahora inobjetable. No deja de ser paradigmático que quien lleva casi veinte años en las más importantes responsabilidades monetarias, el principal gestor de la mayor crisis bancaria de Occidente (que ha costado casi un billón de pesetas), declare públicamente que su cartera de valores es tan sólo de 12 millones de pesetas de valor medio.

La clarificación rápida y completa de este episodio, la identificación de sus responsables y, en definitiva, la aplicación rotunda de la ley son ímprescindibles en cuanto pueda verse afectada la credibilidad del conjunto del sistema financiero, la de los ciudadanos y ahorradores y, ante todo, el respeto a una de las instituciones medulares del Estado. En un Estado de derecho no se pueden hacer impunemente linchamientos morales de nadie.