El Gobierno amplía el delito de narcotráfico, castiga la extorsión y no modifica el aborto

El anteproyecto de Código Penal, que pretende adaptarse al "orden de valores" de la Constitución de 1978, según el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, ofrece novedades en el sistema de penas, en el que la capacidad económica del reo es determinante. Entre los bienes jurídicos protegidos destaca la libertad y, en concreto, las manifestaciones de libertad personal lesionadas o puestas en peligro, especialmente por la extorsión. El futuro Código Penal amplía la represión del tráfico de drogas y no modifica el aborto, en torno al cual se negociará durante el trámite parlamentario.

La información facilitada por el Gobierno no concreta la definición de los delitos -excepto el de difamación- y explica genéricamente la filosofía del futuro Código Penal. El código "sitúa en lugar preferente la protección de los derechos individuales de la persona, continuando con la protección de los derechos colectivos y concluyendo con las previsiones relativas a los delitos contra el Estado".Al término del Consejo de Ministros, el titular de Justicia resaltó la alteración de la concepción de las penas pecuniarias, mediante la modulación de las penas de multa en razón de la capacidad económica del delincuente. Otra novedad es el arresto de fin de semana, "especialmente indicada", dijo, "para determinados supuestos como los delitos de violencia deportiva".

El ministro resaltó asimismo que el anteproyecto afronta "con la singularidad que merecen los delitos cometidos por terroristas y narcotraficantes, quienes, en todo caso, cumplirán la totalidad de la condena que les haya sido impuesta, computándoseles los posibles beneficios sobre la suma de todas y cada una de las penas impuestas".

Remisión de penas

Además, respecto al tráfico de drogas, se crean los nuevos delitos de fabricación, tenencia, transporte o distribución de precursores, así como se amplían las conductas de blanqueo penalizables, que se agravan para empresarios, funcionarios o educadores. Se concede relevancia al abandono de las actividades delictivas y la colaboración del culpable para la graduación de las penas e incluso su remisión total.

El futuro código, en defensa de la libertad personal, sanciona las detenciones, secuestros, amenazas y coacciones y presta especial atención a la extorsión, que "aborda las más graves conductas de chantaje". La persecución eficaz de este delito requiere, según Justicia, estimular al propio extorsionado para que lo denuncie, otorgándole "ciertos beneficios de reducción o exención de pena para el delito cometido por el chantajeado" cuando denuncia la extorsión.

En los delitos contra la vida, desaparece el infanticidio y el parricidio, que se castigarán como homicidio o asesinato, y se crea el delito de lesiones al feto. Entre los delitos contra la seguridad colectiva, el anteproyecto de código incluye los de riesgo catastrófico -especialmente los relativos a la energía nuclear-, los incendios y otros estragos, los delitos contra la salud y contra la seguridad del tráfico.

Protección a la Administración

El título dedicado a los delitos contra la Administración Pública reúne las conductas delictivas actualmente dispersas que cometen funcionarios -entre ellas la prevaricación y los abusos en el ejercicio de la función pública- o particulares. Entre los delitos contra la Administración de Justicia, también agrupados, se incluye la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución; el falso testimonio, especialmente de peritos o intérpretes, y la deslealtad del abogado o procurador.

La parte especial del futuro Código Penal se cierra con el Libro III, dedicado a las escasas faltas subsistentes, tras haber pasado recientemente muchas de ellas a ser sancionables por vía administrativa.