El Poder Judicial responsabiliza al Gobierno de la asistencia letrada gratuita

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó ayer favorablemente, con una abstención, el anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Admitió que el responsable de ese servicio es el Gobierno, aunque debe respetarse la independencia de abogados y procuradores. En una pausa de las seis horas de debate, Pascual Sala, presidente del CGPJ, informó sobre esta materia. También dio cuenta de que la comisión disciplinaria ha archivado la denuncia de la SER contra el juez Miguel Moreiras por la difusión de las empresas relacionadas con el fraude del IVA.

Sala se reunió con los informadores hacia las tres de la tarde, antes de que se votara el informe sobre el anteproyecto de ley. Sin embargo, adelantó que entre los consejeros del poder judicial existía consenso sobre que la asistencia jurídica gratuita es "responsabilidad del Estado, no de los colegios pro fesionales", que hasta ahora se han ocupado de organizarla. En consecuencia, manifestó que el CGPJ cree que "el Gobierno no es ajeno a la prestación de la asistencia letrada gratuita, pero con respeto a la independencia del abogado".En línea con el proyecto de acuerdo preparado por la comisión de estudios e informes (veáse EL PAÍS de ayer), Sala señaló que en el derecho comparado existen formas diversas de organizar la asistencia jurídica gratuita. Así, en Bélgica existe un organismo específico; en Dinamarca es el Ministerio de Justicia el que decide la prestación; en Italia hay una Comisión del Gratuito Patrocinio y en Portugal.el colegio de abogados designa al letrado gratuito, sin perjuicio del gabinete de consultas jurídicas gratuitas dependiente del Ministerio de Justicia.

La huelga no inquieta

Preguntado sobre si la huelga de abogados de oficio anunciada desde fuentes próximas al presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, puede influir sobre el CGPJ, Sala respondió tajantemente: "Por conflictiva que fuera la situación ajena al Consejo, no influye para nada".

En cambio, Sala anticipó que el CGPJ critica en el anteproyecto de ley "el exceso de indefinición de algunas materias, que se remiten al futuro reglamento".A preguntas de los informadores, Sala dio cuenta del acuerdo unánime de la comisión disciplinaria de archivar la denuncia de la SER contra el juez central de Instrucción número 3, Miguel Moreiras, por la información facilitada sobre el fraude del IVA. El acuerdo, recurrible ante el pleno del CGPJ, se fundamenta en que a la difusión de la lista de empresas no se acompañó nota alguIna ni se indicó "inculpación de ninguna persona".

El archivo de la denuncia se razona en que la publicación de la lista de empresas pretendió "evitar todo tipo de especulaciones acerca de quienes, de alguna manera, estaban incluidos en la investigación realizada por Hacienda" y "facilitar una información veraz y contrastada en este punto concreto" por otro lado no sometido a secreto sumarial. Durante la investigación originada por la denuncia de la SER, el presidente de la Audiencia Nacional, Rafael Mendizábal, adujo que el derecho a comunicar y recibir información veraz "no es fragmentable a voluntad de los afectados y debe ser respetado al máximo precisamente por quienes son su instrumento y lo manejan diariamente respecto a los demás".