El Poder Judicial avala la intervención del Ejecutivo en la justicia gratuita
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informará hoy el anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita elaborado por el Ministerio de Justicia, que enfrenta a este departamento con Antonio Pedrol, presidente del Consejo Generalde la Abogacía. El texto preparado por la comisión de estudios e informes del CGPJ avala la intervención del Ejecutivo en la prestación de dicha asistencia financiada por el Estado, pero estima necesario que la futura ley deje claro -cosa que no hace el anteproyecto actual- el respeto "a la independencia y libertad profesionales de abogados y procuradores", entre otros principios.La asistencia jurídica gratuita prevista en la Constitución para quienes "acrediten insuficiencia de recursos" y garantizada en convenios internacionales de derechos humanos, se encuentra regulada por normas procesales y otras del Estatuto General de la Abogacía, por las que los colegios de abogados asumen la organización de tal asistencia y excluyen a cualquier "otra autoridad". El anteproyecto de ley, por el contrario, prevé que los colegios de abogados y procuradores "podrán colaborar en la prestación del servicio", pero reserva al Ministerio de Justicia su "seguimiento y control" y la exclusión de los profesionales que atiendan mal a los beneficiarios o les cobren honorarios.
Informe 'salomónico'
El informe de 24 folios que, según fuentes del CGPJ, asumirá hoy el pleno con escasos retoques, tercia en la polémica entre Justicia y Pedrol con una solución calificada de "salomónica" por las citadas fuentes. Admite que la nueva ley es necesaria, dados "los problemas ocasionados por el actual sistema" de financiación estatal y organización colegial, y reconoce que, según la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "el Estado viene obligado a velar por la adecuada organización y funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita", que no es necesario atribuir a los colegios profesionales.El CGPJ concreta la intervención estatal, entre otros objetivos, en "una adecuada organización del servicio, con un sistema de financiación racional". El informe reprocha al anteproyecto de ley que limite los beneficios de la justicia gratuita. Propone que se amplien y que se concedan no sólo a quienes "carezcan de recursos económicos para litigar", como dice la futura ley, sino a los que "acrediten insuficiencia de recursos", como dice la Constitución, así como que los extienda a los extranjeros.
Otros reproches del CGPJ se refieren a la excesiva remisión al reglamento. Estima que, por el contrario, es necesario que la futura ley deje claro el respeto "a la independencia y libertad profesionales de abogado y procurador", concrete "Ias bases esenciales de retribución del servicio por parte del Estado", tipifique adecuadamente las infracciones y determine con exactitud qué normas se derogan.
