200 detenidos en las últimas horas en Argelia en aplicación de las medidas de excepción

El decreto de estado de excepción aprobado por la junta cívico-militar en Argelia y la posibilidad de crear campos de concentración para los detenidos están provocando una profunda preocupación entre los sectores democráticos del país, y en especial de los juristas. Mientras se debaten los aspectos de las medidas excepcionales, la policía ha empezado a hacer uso de ellas y ha detenido a más de 200 personas en todo el país. La gendarmería está efectuando un minucioso peinado en la alcazaba para localizar a los miembros del comando integrista que mató a seis policías el lunes. Mientras, en Burj Menaiel, a 80 kilómetros al Este, la gendarmería mantuvo durante dos días cercada la antigua mezquita donde se produjeron los asesinatos.

A última hora de la tarde de ayer, medios gubernamentales argelinos comunicaron que se habían producido en todo el país dos centenares de detenciones, 57 de las cuales se efectuaron en la localidad de Bordj Arreridj, a unos 120 kilómetros de Argel. El decreto de estado de excepción y el discurso del jefe de la junta cívico-militar, Mohamed Budiaf, dirigido en las últimas horas al país están provocando en Argelia una oleada de críticas, que ha partido de los más diferentes frentes, en especial los políticos, a los que se ha sumado en las últimas horas los de los juristas de talante democrático.La mayor parte de los partidos políticos -desde los socialdemócratas hasta los bereberistas de Ait Ahmed- critica en términos generales la decisión de la junta cívico-militar de decretar el estado de excepción, por considerar que con esta actitud de fuerza no se solucionan los problemas del país ni los del integrismo. Los partidos, en su mayoría, reivindican el diálogo, rechazan el proceso de disolución del Frente Islámico de Salvación (FIS) y se muestran contrarios a las actitudes de intransigencia del directorio.

Los juristas de talante democrático se muestran también disconformes con el decreto del estado de excepción y, con una visión mucho más profesional, cuestionan algunos de sus aspectos jurídicos, que consideran ilícitos y contrarios a la Constitución y a los principios generales de los derechos humanos.

Análisis demoledores

Uno de los análisis más demoledores acaba de efectuarlo el abogado Madjid Benchij, presidente del grupo de Amnistía Internacional (Al) en Argelia, profesor de derecho en la Universidad Central de la capital, militante del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) y diputado no electo en las últimas elecciones legislativas por una de las circunscripciones de la Kabilia. El doctor Benchij califica el texto del decreto de "inquietante" y recalca con preocupación el hecho de que la junta cívico-militar haya entregado todos los poderes discrecionales a un militar, el general Larbi Beljeir, en vez de hacerlo a favor del presidente del Gobierno, Ahmed Gozali, lo que pone en evidencia el interés de la propia junta por reforzar el sector militar en detrimento del civil.

Pero más aún, el doctor en derecho critica de forma directa la posible creación de campos de internamiento -centros de seguridad y depósito- en los que pueden ser internadas todas las personas mayores de edad, sin orden judicial, que puedan ser consideradas peligrosas según la opinión del ministro del Interior o de los gobernadores civiles. El abogado recuerda angustiado una experiencia similar, cuando en junio de 1991 se decretó el estado de sitio por un periodo de cuatro meses, se establecieron centros de internamiento de este tipo y se vulneraron de forma flagrante muchos de los derechos constitucionales, provocando con ello las protestas y denuncias de los familiares, que no sabían dónde se encontraban sus parientes.

Esta situación provocó, a su vez, una protesta de Amnistía Internacional y la queja de las asociaciones locales de defensa de los derechos del hombre.

Mientras la clase política debate los aspectos polémicos de este apartado del estado de excepción, la policía, la gendarmería y el Ejército empiezan a hacer uso de sus nuevas atribuciones para intentar localizar en la alcazaba argelina a los miembros del comando guerrillero integrista que mató en la madrugada del lunes a seis policías disparándoles ráfagas de armas automáticas.

La policía y la gendarmería están también actuando con contundencia en la región de Bumardes, en el término municipal de Burj Menaiel, donde ha mantenido durante cerca de dos días cercada la mezquita que había sido el escenario de los hechos.

A última hora de la tarde, la policía entró en el interior del templo y localizó un alijo de explosivos y armas. La gendarmería continúa sus pesquisas para intentar localizar a los guerrilleros integristas que han huido a las montañas cercanas.