La Comisión de Libertades
e Informática (CLI) representada por Diego López Garrido, abogado y catedrático de Derecho Constitucional, ejercerá la acción pública en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Móstoles (Madrid) en relación con el tráfico clandestino de datos personales de 21 millones de españoles.
