El PP sanciona a un dirigente balear por presunto soborno a un edil socialista

El PP suspendió ayer de militancia a Miguel Deyà Palmer, el empresario responsable de la Comisión de Urbanismo del partido en Baleares, hasta determinar su responsabilidad en el intento de soborno a José Miguel Campos, concejal socialista del Ayuntamiento de Calvià (Mallorca). La decisión se tomó 24 horas después de que el PSOE denunciara ante el juez un presunto intento de soborno por parte de Deyà, que halbría ofrecido 100 millones a Campos a cambio de que abandonara su grupo y dejara en minoría al PSOE para facilitar una moción de censura.

Según los socialistas otro dirigente del PP balear, Andrés Bordoy, y el empresario inmobiliario -y ex presidente también del Real Mallorca- Guillermo Ginard participaron en el presunto intento de soborno. El PSOE presentó al juez unas cintas grabadas de tres de las cuatro supuestas conversaciones que Campos mantuvo con los enviados del PP.La dirección del PP decidió crear una comisión de investigación, según informó el portavoz popular en el Congreso, Rodrigo Rato. El juez José Castro, del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, se hizo ayer cargo del caso, calificado inícialmente como presunto tráfico de influencias.

Deyà, que el lunes negó en su primera declaración judicial su participación en los hechos, dijo no reconocer como propia la voz registrada en las grabaciones. Deyà es uno de los máximos representantes del sector inmobiliario de Calviá. En 1988, Deyà presentó dos recurs os contra el Plan General de Ordenación Urbana en nombre de la Asociación de Promotores y Urbanizadores y de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas.

Según los socialistas, Deyà hizo ostentación de su influencia en cuestiones urbanísticas y de su relación privilegiada con el PP en las cuatro conversaciones que mantuvo con el edil.

El PP balear se desmarcó desde el primer momento de la operación y apoyó la petición del PSOE de que se abriera una investigación judicial. El presidente del Gobierno autónomo, el conservador Gabriel Canellas, implicado por los socialistas, no hizo ayer comentarios y emprendió viaje oficial de dos días a Inglaterra.

El secretario general del PP balear, José Antonio Berastain, explicó que la suspensión de Deyà se prolongará hasta que no se produzca un pronunciamiento judicial definitivo. Sobre la posibilidad de aplicación de la misma medida a Andrés Bordoy, relacionado también en el caso, Berastain dijo que su nombre no aparece en las cintas.

El presidente de la Audiencia de Palma, el magistrado Guillem Vidal, se mostró favorable a la consideración de las cintas como prueba en este caso y describió el presunto delito de tráfico de infuencias, de nueva tipificación en el Código Penal "como la presión ilícita para torcer la voluntad de una persona". Los hechos, en el trámite procesal, podrían llegar a ser considerados también como prevaricación e intento de soborno.