Ocho guardias civiles serán juzgados hoy por la muerte de un obrero en Reinosa
El juicio oral por la muerte en Reinosa (Cantabria) en 1987 del trabajador Gonzalo Ruiz García, de 32 años, por la inhalación de gases tóxicos lanzados por guardias civiles dentro de un garaje comienza hoy, lunes, en Santander. Ruiz, casado y padre de una niña de cinco años, se había refugiado en el garaje tras recibir un pelotazo de goma que le fracturé los huesos de la nariz. En el banquillo se sentarán el teniente coronel del instituto armado Carlos Monge Minguillón, quien mandaba las fuerzas enviadas a Reinosa; el capitán Álvaro Gutiérrez Cantón, y los guardias Antonio Gutiérrez Arenas, José Luis Serrano Gallego, Hilario Corral Rodríguez, Eugenio Legasa Herrera, Juan Carlos de Dios Martín y José Anthonissen Varón.La Asociación Contra la Tortura, personada en la causa, pide cuatro años, dos meses y un día de prisión para los guardias Anthonissen y Legasa, como autores de los disparos de los botes de humo, y otros dos años y cuatro meses para los demás agentes. El fiscal, Lucio Valcárcel, solicita para Anthonissen y Legasa seis meses y un día.
Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 1987 cuando Reinosa estaba sometida a una dura reconversión industrial y los enfrentamientos entre la población y los guardias civiles se sucedían cada día.
La Audiencia Provincial dictó el 4 de julio de 1988 el procesamiento de todos los agentes citados por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. El procesamiento fue levantado después para el teniente coronel, el capitán y cuatro agentes, manteniéndose sólo para los dos autores materiales de los disparos.
La Asociación Contra la Tortura recurrió y consiguió que el procesamiento se mantuviese para todos.
Gonzalo Ruiz permaneció hospitalizado 16 días hasta que falleció por una insuficiencia respiratoria y hepatorrenal. Varios patólogos sostuvieron que murió por la prolongada inhalación en el garaje del humo de los botes. La Guardia Civil envió a presenciar la autopsia a una catedrática de Medicina Legal, quien apreció en un riñón de la víctima un tumor que consideró maligno y que pudo, según ella, haber influido en el proceso clínico.
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