La oposición resta validez a las precisiones del Ejecutivo

La oposición criticó ayer el uso del despacho por parte de Juan Guerra, pese a las precisiones facilitadas por el Gobierno sobre su respuesta al juez. Los partidos entienden que el hecho de que una norma legal autorice a los miembros del Gabinete para usar las dependencias de las delegaciones del Gobierno no significa que Juan Guerra pudiera establecerse en aquellas dependencias oficiales.Sólo el PSOE discrepó de esta postura y respecto a la versión facilitada ayer por los medios informativos sobre la respuesta del Gobierno al juez, en torno a la autorización a Juan Guerra para utilizar el despacho en Sevilla, un portavoz de la oficina federal del PSOE aseguró ayer que este partido "considera que se ha cometido una tergiversación y manipulación al transmitir la respuesta del Gobierno al juez". "Simplemente apelamos a la literalidad de lo dicho por el Gobierno".

El presidente del PP, José María Aznar, calificó ayer en Ceuta de "curiosos" los desmentidos que, en su opinión, se han producido en los últimos días sobre este asunto. Según Aznar, "al final hay un hecho probado que es la utilización de un despacho, y eso debió autorizarlo alguien".

Nadie autorizó, dice Aznar

Aznar añadió que, según parece, "nadie autorizó a Juan Guerra a utilizar el despacho de la delegación del Gobierno y, al mismo tiempo, se ve que en el Ejecutivo socialista hay personas que tienen disponibilidad de despacho. Si ahora lo niegan, es señal de que algo había, que respondan ante la opinión pública".El secretario general del PCE, Julio Anguita, opinó, por su parte, que el Gobierno "intenta escurrir el bulto" en el caso Guerra, mientras que Nicolás Sartorius, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, aseguraba tras conocer la aclaración del Ministerio de rela ciones con las Cortes que su interpretación no cambia y que, en su intervención en febrero de 1990, ya sostuvo que la utilización del depacho por parte de Juan Guerra constituía "una irregularidad manifiesta y ahora el Gobierno reconoce que no ha habidá ninguna autorizacíón".

Sartorius añadió que "lo que no dice la ley es que los despachos de las sedes de las delegaciones del Gobierno se puedan utilizar por la mujer, el primo o el hermano de los ministros, porque eso es una estupidez. Ninguna ley puede decir que los despachos oficiales pueden ser utilizados por los parientes de los ministros del Gobierno".

José Ramón Caso, portavoz del grupo parlamentario del CDS, dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados: "Parece extraño el que a un particular se le deje alegremente utilizar una instalación pública".