Delkáder denuncia al juez Moreiras por implicar a la SER en el fraude del IVA

Augusto Delkáder Teig, director general de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), presentó ayer ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una denuncia contra el juez Miguel Moreiras por estimar que la difusión de una lista de supuestos implicados en el fraude del IVA constituye falta grave. En su escrito, Delkáder califica la conducta del magistrado de "temeraria e irresponsable", y asegura que ha causado "un perjuicio irreparable" a la SER.

Delkáder relata que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular Miguel Moreiras, tramita las diligencias previas número 253 / 91, para el esclarecimiento del fraude sobre el impuesto del valor añadido (IVA). El juez Moreiras, "al parecer a través de la oficina de prensa de la Audiencia Nacional", relata Delkáder, "dio a conocer el día 16 del corriente mes y ano una lista de sociedades a las que calificaba de presuntos implicados en el referido fraude, y entre las que figuraba la SER".El escrito de denuncia señala que en el mencionado juzgado no se ha recibido declaración alguna a los representantes de la SER "ni cuando se hace pública esa lista, ni siquiera en esta fecha [23 de enero]", en que ya se encuentra personada en, las citadas diligencias, para que "se la tenga por parte y se le dé vista de lo actuado". "De esta forma, ha podido comprobar", añade, "que la única referencia que en las actuaciones practicadas se refiere a ella, es el estar incluida en una carpetilla dedicada a la sociedad Hartland, SL, en la que, entre otras sociedades, aparece y se le atribuye una relación comercial con la misma por 1.680.000 pesetas".

Factura por 1,5 millones

El director general de la SER reconoce que "esa relación responde a la realidad de lo acontecido, ya que la Sociedad Española de Radiodifusión, SA, contrató con la sociedad Hartland, SL, la realización de obras de acondicionamiento de los accesos a su centro emisor de Coín (Málaga)", por lo que el 11 de septiembre de 1989, la SER "abonó por los trabajos realizados el importe convenido de 1.500.000 pesetas y el correspondiente IVA, que ascendía a 180.000 pesetas". Agrega que "esta factura y esta documentación fue a su debido tiempo presentada en Hacienda".El escrito de denuncia argumenta que "la publicación de la lista por parte del magistrado juez, sin haber previamente depurado los hechos, sin haberlos esclarecido, sin comprobar si todas o parte de las operaciones respondían a una realidad, no puede ser calificada de otra forma que de conducta temeraria e irresponsable, con la que ha causado un perjuicio irreparable a una sociedad que ni por asomo es autora de conducta delictiva alguna". "Esta sociedad se siente agredida con esa irresponsable conducta", añade, porque "el simple hecho de figurar en la carpeta de Hartland, SL, como un cliente de ésta, en modo alguno puede determinar una declaración por parte del juzgado de la gravedad como la de imputar una conducta delictiva sin haber depurado previamente esa infórmación".

"Por aparecer como cliente de una sociedad", insiste la SER, "no se puede deducir que existan indicios racionales de criminalidad, ni siquiera apariencia delictiva alguna contra ella". La sociedad denunciante razona que "figurar en la carpeta de Hartland, SL, como una sociedad que ha tenido una relación comercial con ella, en modo alguno puede justificar una declaración por parte del juzgado como la de considerar su actuación como delictiva sin comprobación judicial alguna".

Como complemento de estos argumentos, la SER explica que "no es racionalmente pensable que una sociedad que en el año 1989 facturó por un importe de 11.073.701.000 pesetas y con sus filiales 13.130.835.000 pesetas, pueda involucrarse en una falsificación de factura por 1.680.000 pesetas".

Revelación de noticias

Por todo ello, la denunciante estima que "la publicación de una lista de sociedades entre las que aparece la denunciante, puede ser tipificada como una falta grave del número 2 del artículo 480 en relación con el 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: "Los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas fisicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones".En consecuencia, la SER suplica al CGPJ que "tenga por presentado este escrito de denuncia contra el magistrado juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, procediendo a incoar el correspondiente expediente y, previos los trámites legales procedentes, dictar la resolución que en derecho proceda".