Juan Guerra se niega también a declarar ante el juez del tribunal andaluz

Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente del Gobierno, se acogió ayer al derecho a no declarar en su comparecencia ante el instructor de las diligencias por el uso de un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla. Juan Guerra dijo a los informadores: "Poco a poco va entrando el aire fresco de Granada y se van aclarando las cosas". Juan Guerra alabó el método del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Cano Barrero, frente al del juez de Sevilla Ángel Márquez y se negó a comentar la petición que va a formular la acusación del Partido Andalucista (PA) para que su hermano Alfonso comparezca como testigo: "De política yo no hablo, y eso no es justicia, es política".Juan Guerra señaló que no declararía hasta que el Constitucional resuelva los dos recursos de amparo planteados por su abogado. El hermano del ex vicepresidente, el único de los cinco inculpados que han desfilado en los últimos días por el TSJA que ha accedido a hablar con los periodistas, dijo: "Estoy bastante animado, dentro de como está la situación general. Estoy más optimista porque la cosa se va clarificando bastante". Juan Guerra agregó que no se sentía abandonado por el resto de los imputados: "Cada uno va por su camino".

Como prueba de su ánimo, Juan Guerra comentó: "Vivo muy bien con mis hijos, tengo buena relación con ellos y a donde vayan conmigo me siento a gusto". Los abogados de los imputados presentarán el lunes una solicitud para archivar las diligencias. Los otros cuatro inculpados -Rafael Delgado, secretario de Alfonso Guerra; Alfonso Garrido, delegado del Gobierno en Andalucía, y sus antecesores Tomás Azorín y Leocadio Marín- también se negaron en sus comparecencias a revelar nuevos datos.

"Sinvergüenza"

Manuel Fernández del Pozo, abogado de la acusación promovida por IU, pidió ayer por escrito que se declare la libertad bajo fianza de 500.000 pesetas de los cinco imputados y que cada uno deposite además 1,5 millones para cubrir las responsabilidades civiles, así como que se declare al PSOE responsable subsidiario.

El secretario general del PSOE andaluz, Carlos Sanjuán, tras conocer esta petición, se refirió así a Fernández Pozo: "Sirvengüenza es aquél que utiliza la justicia prevaliéndose de su condición de letrado para hacer política", informa Servimedia. Sanjuán añadió: "Ésta es la prueba más palpable de que se trata sólo de un juicio político".

Emilio Lechuga, acusador nombrado por el PA, dijo que a la vista de la negativa a declarar de Juan Guerra es necesario ahora más que nunca pedir la comparecencia de su hermano Alfonso para que aclare a quién ordenó la apertura del despacho. Lechuga añadió que ya que los delegados del Gobierno no lo han clarificado debe hacerlo la persona para quien se montó el despacho.